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5 errores típicos en la gestión de la insolvencia

1. Identificación de la insolvencia: es habitual en el mundo empresarial identificar la “solvencia” con la existencia de patrimonio suficiente (solares, inmuebles, naves, etc) para cubrir las deudas. Ahora bien, desde un punto de vista legal, el concepto de “insolvencia” se refiere exclusivamente a la falta de liquidez para atender las deudas a su vencimiento, de forma que tan insolvente es quien carece de patrimonio para cubrir sus deudas, como quien tiene suficiente patrimonio, pero carece de liquidez. Ello es especialmente relevante para el deudor, que debe identificar las obligaciones que establece la legislación, en relación a las actuaciones que debe llevar a cabo cuando se encuentra en situación de insolvencia. En la práctica, es habitual que únicamente se acometan estas actuaciones (1) cuando se observa que el patrimonio es insuficiente para cubrir las deudas, incumpliendo con ello los plazos previstos en la ley para actuar ante el nacimiento real de la situación de insolvencia por falta de liquidez. Ampliar Información (1)

2. Pago de indemnizaciones laborales por reducción o reestructuración de plantilla (2): en ocasiones, el empresario que tiene dificultades económicas tiende a asegurar el pago íntegro a sus trabajadores, obteniendo financiación bancaria adicional para acometer tales despidos. Ello supone, en la práctica, un agravamiento de la situación de insolvencia (ausencia de liquidez), dado que el empresario puede atender los derechos de los trabajadores a través del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), al prever dicho organismo el pago de las indemnizaciones laborales que se generen como consecuencia de una situación de insolvencia. De esta forma, el perjuicio para la empresa a la hora de prescindir de sus trabajadores se reduce considerablemente, al no verse obligado a solicitar financiación adicional a las entidades financieras, con las contrapartidas en forma de garantías que éstas solicitaran de la empresa y, habitualmente, de las personas que la componen (socios y/o administradores). Ampliar Información (2)

3. Huida hacia delante: cuando la empresa comienza a sufrir las primeras dificultades económicas, no considera en la práctica necesario acudir al asesoramiento preventivo de un abogado especialista en derecho concursal (crisis empresarial), siendo ésta la causa principal de que las empresas que buscan asesoramiento se encuentren en situación tan grave que, mayoritariamente, sólo cabe su liquidación. La importancia de adoptar las decisiones correctas en el momento oportuno, tanto a nivel jurídico como económico, desde que se detectan las primeras dificultades económicas, aconseja compartir la toma de decisiones durante el período de crisis empresarial con un asesor especialista, el cual facilite la continuidad empresarial con el menor riesgo jurídico y económico posible. Ver video

4. Gestión del riesgo: es habitual que el empresario desconozca la razón última por la que constituyó una sociedad mercantil (S.L. o S.A., en la práctica) para el ejercicio de su actividad empresarial, cuando lo cierto es que ello obedece a la necesidad de acotar el riesgo inherente a toda andadura empresarial, siendo el objetivo último desligar el patrimonio personal del riesgo empresarial. Ahora bien, cuando los socios avalan personalmente las deudas de la sociedad, pasan a responder éstos personalmente, es decir con su propio patrimonio, de las deudas de la sociedad. Más aún, la empresa que desarrolla varias líneas de negocio puede hacer que las pérdidas de unas, arrastren a las demás, por no haber constituido oportunamente tantas sociedades como líneas de negocio desarrolle, de forma que una gestión óptima del riesgo que conlleva el desarrollo de la actividad empresarial, exige la constitución de tantas sociedades como actividades diferentes desarrolle la empresa en su conjunto.

5. Deberes y obligaciones legales del Administrador: cuando una empresa detecta sus primeras dificultades económicas, es habitual que el órgano de administración considere que su deber es obtener a toda costa la financiación extra que permita superar tales dificultades, sin valorar que su deber legal y, por ende, su responsabilidad personal, se vincula a la adopción de las decisiones impuestas por la normativa concursal. En este sentido, la búsqueda de financiación debe enmarcarse en un proceso legal de refinanciación, utilizando para ello los mecanismos alternativos que la legislación pone a disposición de la empresa en dificultades. La puesta en marcha de instrumentos de refinanciación -al margen de los procesos legales establecidos- puede acarrear la responsabilidad personal de los miembros del órgano de administración ante los acreedores de la sociedad en caso de un eventual incumplimiento de la citada refinanciación. Ver Video

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