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Síntesis de la Jornada sobre Mecanismos legales para garantizar la continuidad de Pymes y Autónomos en dificultades

El pasado 30 de marzo tuvo lugar la Jornada sobre “mecanismos legales para garantizar la continuidad de PYMES y autónomos en dificultades” en la sede del CEIM, con gran éxito.
Compartimos en esta publicación la síntesis de su contenido, recogido por la redactora de la Federación Española de Autónomos.


Abrió la jornada el presidente de CEAT Madrid, Miguel Ángel Rivero García, quien señaló que ante una situación de adversidad, y dado el escaso apoyo institucional, son las empresas las que deben buscar los mecanismos para poder superar la crisis y continuar así con la actividad productiva que tanto esfuerzo les ha costado levantar. Para ayudarles en ese camino resaltó la importancia de un asesoramiento legal adecuado como el que ofrece IURE Abogados y presentó a Carlos Pavón, socio del mismo y principal ponente de la jornada.

Carlos Pavón marcó como principal objetivo de su conferencia compartir con los empresarios las posibles actuaciones a nivel práctico de las que se dispone cuando la empresa se encuentra en situación de crisis.

Destacó que para el rescate de negocios viables no es suficiente la puesta en marcha de soluciones jurídicas, también resulta vital aportar una solución empresarial, encontrar apoyo financiero adecuado y poner en contacto a los clientes con posibles inversores, emprendiendo todas estas acciones siempre con el objetivo de rescatar lo viable de la actividad empresarial del cliente.

Los clientes que viven una situación de crisis suelen carecer de información sobre experiencias reales similares y su visión está distorsionada por los medios de comunicación y las películas, que transmiten que una situación de este tipo es un desastre irreversible. Sin embargo, durante la conferencia se ilustraron varios casos reales de empresas acogidas a la ley concursal que salieron adelante, y éstos resultan una experiencia muy valiosa para empresarios que estén atravesando un período difícil en sus negocios.

Cuando un cliente acude a pedir asesoramiento ante una situación de crisis, la primera medida a tomar no es realizar un análisis jurídico, sino empresarial de la situación. Este análisis se efectúa de la mano del empresario, y su objetivo fundamental es averiguar las razones por las que se ha llegado a este nivel de dificultad en la actividad empresarial.

Para ello se maneja un concepto de insolvencia que a veces resulta difícil de entender para la mentalidad empresarial tradicional. En el mundo empresarial la insolvencia es un concepto financiero que define una situación de balance donde no existen activos para pagar el endeudamiento ni siquiera a través de una liquidación. Sin embargo, a nivel jurídico este concepto se liga a la falta de liquidez. No es suficiente la consideración de que con los bienes de la empresa se podría liquidar el endeudamiento.
Si la empresa no puede cumplir con sus obligaciones al vencimiento entonces ésta se encuentra en una situación de insolvencia legal.

Este análisis busca también sacar a la luz una realidad que frecuentemente no se tiene en consideración, y es que muchas empresas sobreendeudadas o en crisis esconden un negocio viable.

Es vital averiguar si existe una actividad empresarial rentable que pueda ser rescatada. Una vez identificada esta actividad, el objetivo de las actuaciones siguientes será desgajar el negocio que vale la pena del resto de la actividad de la empresa, siempre dentro del marco legal existente.

Lo ideal ante una situación difícil es adelantarse a los acontecimientos y hacer una previsión de impago. En los últimos años ha habido una tendencia al alza en el mundo empresarial a la previsión de estas situaciones, ya que la identificación temprana del problema de insolvencia es fundamental para que la capacidad de actuación en la gestión de la crisis sea mayor. Cuanto más deteriorada esté la situación y más impagos y reclamaciones judiciales existan, menos margen de actuación tendrá la empresa.

La estructura jurídica de la empresa también puede ayudar a gestionar un escenario de dificultad, por eso Carlos Pavón instó a las PYMES a cuidar ese aspecto de su negocio como medida de prevención de riesgos:
Una estructura jurídica sencilla podría componerse de una sociedad matriz que ostenta la titularidad de empresas filiales, y permitiría desligar fácilmente las distintas partes del negocio en caso necesario.

Sin embargo, estas estructuras no son práctica habitual en las pequeñas empresas. Y a ello se suma la realidad en las PYMES de que la creación de una sociedad legal no impide que el banco exija en muchas ocasiones el aval personal de los socios o administradores de la empresa.

Para establecer la existencia de una actividad viable dentro de la empresa en crisis, se analiza el estado contable del negocio y la
evolución de las partidas de balance en los distintos ejercicios:

  • – Del lado de los activos, se busca identificar aquellos activos estratégicos necesarios para la actividad, ya que son éstos los que deben de ser extraídos.
  • – En el caso de los pasivos, es necesario identificar a los acreedores estratégicos, tanto en la negociación como en la vía judicial.
  • – Por lo tanto, la cuenta de balance se depura hasta llegar a una cuenta básica de ingresos o gastos asociados a una actividad específica que se quiere rescatar.

Ésta es una práctica que la ley concursal ya ha consagrado y se busca construir un concepto: la unidad productiva viable, y establecer cuál sería el balance si esta empresa empezara desde cero.

Una vez obtenida la información necesaria a nivel empresarial y jurídico, el siguiente paso es la gestión de la crisis con el conjunto de acreedores a través de una negociación o de los mecanismos legales pertinentes.

Para afrontar esta gestión de forma adecuada resulta importante conocer el modo de operación de los distintos acreedores:

– En el caso de los Bancos, cuando éstos negocian con las PYMES se guían por los protocolos internos de las entidades y buscan siempre sobreproteger la posición del banco ante una situación de impago, por lo que las condiciones firmadas en las negociaciones de refinanciación a veces resultan imposibles de cumplir por los empresarios. De hecho, muchos clientes acuden a asesorarse tras el fracaso de la refinanciación de su deuda con los bancos, no en la situación previa que conllevó el endeudamiento.

– En el caso de las Administraciones Públicas, tanto para la agencia tributaria como para la tesorería de la seguridad social existe una normativa que establece cómo funcionan los aplazamientos y fraccionamientos de los pagos. Sin embargo, cuando se dejan de atender estas obligaciones, el modo de actuación de los dos organismos respecto a las deudas de las empresas difiere,

– En relación a la Seguridad Social, si el empresario se pone al día con las cuotas inaplazables sí se puede llegar a algún tipo de acuerdo, como el fraccionamiento a dos y tres años. La negociación se realiza caso por caso de forma personalizada con el funcionario pertinente.

– Sin embargo, el caso de la Agencia Tributaria es mucho más drástico y existen desde este organismo público directrices claras para ser contundentes en la fase de ejecución que reducen mucho las posibilidades de alcanzar un acuerdo negociado.

– En el caso de los Proveedores resulta imprescindible definir a cuáles de ellos se consideran estratégicos para mantener la actividad, ya que son estos proveedores estratégicos los que tendrán prioridad en esta fase del proceso. Aunque la normativa concursal obliga a dar un trato idéntico a todos los acreedores, en negociaciones o adquisiciones, la sociedad adquiriente es legalmente libre de tratar a los acreedores como considere y esto otorga un margen de maniobra para definir la gestión de la crisis de impago con proveedores estratégicos y no estratégicos.

– Con respecto a los Trabajadores, existe una amplia jurisprudencia legal que establece el protocolo de actuación en tiempos de crisis de la empresa. Es fundamental tener en cuenta que mientras que la deuda tributaria no se transmite en caso de concurso de acreedores, la deuda a nivel laboral sí es heredada por el empresario que quiere adquirir una unidad productiva viable y limita las opciones de posibles inversores interesados en adquirir esta parte viable del negocio.

La realidad es que la mayor parte de las veces los acreedores no están interesados en llegar a acuerdos, y como son ellos los que tienen el poder legal en la negociación, esto deriva en que el proceso concursal sea muchas veces inevitable a pesar de que existe una actividad viable, y en la mayor parte de los concursos las empresas acaban liquidadas. Sin embargo, lo que las estadísticas no reflejan es que en estos escenarios muchas veces se rescata la actividad viable a través de actuaciones jurídicas recogidas en la Ley Concursal.

Si la negociación falla, el siguiente paso para rescatar la unidad productiva viable de una empresa en crisis resultan clave la figura de los inversores. No sólo a través de los grandes fondos de inversión, sino también a través de todo aquel que quiera acudir al rescate de un negocio o un elemento de patrimonio concreto.

Existen muchos tipos de inversores que pueden llegar a acuerdos con el empresario que les está ofreciendo una oportunidad de negocio. Los inversores actúan en el escenario de liquidación. Y es importante que actúen cuanto antes mejor. Cuando el inversor conoce todo el proceso y accede a realizar la inversión, se precipita el concurso.

A través del procedimiento concursal se busca, bien vía convenio, bien vía liquidación, resolver la situación de la empresa.

La visión práctica que mantiene IURE Abogados es que el concurso debe durar lo menos posible. Durante este proceso también se produce la calificación, donde se enjuicia el régimen de responsabilidades, es decir, si la situación de crisis de la empresa se ha producido por negligencia del órgano de administración o por circunstancias del mercado (concurso fortuito).

Ley de Segunda Oportunidad
Carlos Pavón pasó luego a explicar el concepto de segunda oportunidad, un proceso previsto para autónomos. Este proceso resulta relevante sobre todo para las personas físicas, ya que ofrece una vía en la que los particulares, a través de la normativa de la Ley de Segunda Oportunidad y por medio de un proceso de liquidación ordenada, pueden ver su endeudamiento condonado. Para ello el deudor debe ser catalogado como deudor de buena fe.

Este procedimiento se inicia con una mediación: se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores. Al igual que en una empresa, el deudor particular debe presentar un plan de viabilidad, pero a nivel personal. La capacidad de pago se traslada al mediador quien la transmite a los acreedores, y éstos últimos, al igual que en el caso de las empresas, tienen todo el poder de decisión en la mediación.

En la práctica, al igual que ocurre con las empresas, los acreedores no suelen estar interesados en el acuerdo, así que se llega a una vía concursal especial. Y aquí reaparece la figura de los inversores, que en este caso puede ser cualquier figura, por ejemplo los hijos adquiriendo la casa de los padres. Cuando culmina la liquidación se condona la deuda restante si se ha declarado a la persona deudor de buena fe.

Esta figura jurídica resulta una herramienta útil en casos de avales personales a empresas en crisis, o en determinados sectores como las farmacias.

Es de vital importancia conocer la Ley Concursal ante una situación de crisis, no sólo para poder gestionarla de la mejor manera posible, sino porque es un deber legal identificar la situación de insolvencia tal y como la concibe la ley, que otorga a la empresa dos meses para actuar. La propia ley define la insolvencia bajo los siguientes parámetros: una suspensión generalizada de pagos; es decir, cuando el deudor no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.

Esta gestión de la crisis por parte de los órganos de administración se enjuicia en la fase de calificación del proceso concursal, y es frecuente que se condene al órgano de administración aunque la gestión empresarial antes de la crisis haya sido impecable si durante la misma se cometen faltas como la presentación de una contabilidad deficiente, la inexactitud documental, el incumplimiento de Convenio, el alzamiento de bienes, la rescisión fraudulenta o la simulación de una situación patrimonial ficticia.


La conferencia finalizó con un animado coloquio entre los asistentes, donde se resaltó una vez más la importancia de un asesoramiento eficaz ante la gestión de una situación de crisis empresarial, y la posibilidad, a pesar de las estadísticas, de salvar la unidad productiva viable del negocio y comenzar así una nueva vida empresarial saneada.


La valoración de los asistentes ha sido muy positiva, con una nota de 4,9 sobre 5, según las encuestas de calidad recogidas al finalizar el encuentro. egse

Desde IURE Abogados agradecemos a CEAT Madrid y a los asistentes por su activa participación en este encuentro. 

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