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Estar en concurso de acreedores no impide, según el Tribunal Supremo, el aplazamiento de pago de impuestos

El Tribunal Supremo permite el aplazamiento de deudas estando la empresa que lo solicite inmersa en un procedimeinto de concurso de acreedores.

El pasado 13 de Septiembre de 2015, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, tras analizar el recurso de una empresa hotelera contra la decisión de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda de denegarle en 2010 el aplazamiento del pago de 1,6 millones de euros de IVA correspondiente al cuarto trimestre de 2009, ha declarado que el hecho de encontrarse en concurso de acreedores no determina por sí mismo falta de solvencia estructural (definitiva y no transitoria) de la compañía, y que, por tanto, la administración no puede basar en dicha situación la negativa al aplazamientoen el pago, siendo necesarios fundamentos jurídicos para la denegación formal de dicha solicitud.

En su reciente sentencia el Tribunal Supremo destaca que un concurso voluntario de acreedores con convenio supone una situación transitoria que previsiblemente será superada, por lo que considera que la denegación del aplazamiento solicitado por la empresa contribuyente no fue suficientemente motivada, al basarse en la «existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural, y no transitorio, evidenciadas por su declaración en concurso voluntario, que le impedirían hacer frente a los pagos derivados del aplazamiento».

La empresa alegaba dificultades transitorias de tesorería y proponía realizar el pago en sesenta plazos, a partir del 20 de octubre de 2010.

La compañía recurrió alegando que su situación de iliquidez era transitoria, no estructural, como lo demuestra que el convenio fuese suscrito por el 96,62% de los acreedores, que su activo fuese superior a su pasivo incluidas las deudas tributarias, o que había prestado garantía.

El Tribunal Supremo recuerda que el artículo 65.1 de la LGT autoriza el aplazamiento del pago de tributos, previa solicitud del obligado tributario, siempre que su situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuarlo en los plazos establecidos.

El Tribunal Supremo afirma que el aplazamiento es un derecho del contribuyente si se cumplen los requisitos marcados por el legislador (que e este caso en el artículo 65.1 de la LGT autoriza el aplazamiento del pago de tributos, previa solicitud del obligado tributario, siempre que su situación económico-financiera le impida de forma transitoria efectuarlo en los plazos establecidos). Afirma igualmente que esta decisión no es una potestad discrecional de la Administración, a quien compete valorar si concurren esos requisitos.

El Tribunal Supremo por tanto estimaba el recurso de la empresa debido a que la denegación del aplazamiento carecía de motivación, pues se sustentó exclusivamente en que había sido declarada en concurso voluntario de acreedores, pese a que esta circunstancia “no lleva automáticamente como consecuencia que su insolvencia sea estructural. Todo lo contrario –añade el Supremo–, un concurso voluntario con convenio aprobado revela una situación transitoria llamada a ser superada”.

Por todo ello, el Tribunal Supremo anula la denegación del aplazamiento de la deuda, ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento del acto administrativo originario, para que, con arreglo a los criterios de esta sentencia, Hacienda dicte uno nuevo suficientemente motivado.

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