- marzo 26, 2015
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El Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Madrid, ha dictado un auto con fecha 25 de marzo de 2015, en el que se designa a los administradores concursales, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al considerarse de interés público debido al importante perjuicio causado a los clientes de la entidad y a sus trabajadores.
La administración concursal designada será a partir de ahora quien deberá gestionar el procedimiento de concurso de la entidad Banco Madrid.
El juez ha dictado el auto tras la negativa del FROB de rescatar a la entidad bancaria, viéndose de esta manera Banco Madrid abocada a la liquidación por la vía concursal.
La apertura de la liquidación, segun el juez, supondrá el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones. El magistrado emplaza a los acreedores de Banco Madrid a comunicar sus créditos en el plazo de un mes desde la publicación del auto en el Boletin Oficial del Estado.
En el escrito de solicitud de concurso voluntario, presentado el pasado 16 de marzo de 2015, alega la entidad una situación de «insolvencia inminente», que reviste «especial trascendencia» dado el «elevado número de clientes que se verán afectados», y en base a lo cual es la propia entidad quien solicita la liquidación, teniendo en cuenta además de las consecuencias de «extrema gravedad que todo ello puede suponer para el erario público» y, particularmente, a sus clientes y trabajadores.
Aprecia el juez en su escrito que «es lícito preguntarse de entrada si una entidad que hubiera superado todos los controles y supervisiones, puede considerarse susceptible de hallarse en situación de insolvencia inminente. Según Banco Madrid la respuesta es a la luz de lo acontecido, afirmativa, pues considera la entidad que se ha visto expuesta «a una situación excepcional, ajena a los controles ordinarios de las autoridades supervisoras sobre su liquidez y solvencia», provocada en primer lugar por la acusación de Estados Unidos a su matriz, Banca Privada d’Andorra, de blanqueo de capitales para el crimen organizado.
Dicha acusación provocó la intervención de la filial por parte del Banco de España y la dimisión en bloque del Consejo del banco, llevando al supervisor a designar administradores provisionales.
Todo ello, junto a la apertura de un expediente por parte del servicio de inteligencia financiera española dependiente del Ministerio de Economía, el Sepblac, y «el posible inicio de actuaciones» por parte de Anticorrupción, «precipitaron una situación de pánico y desconfianza» de los clientes de la entidad, que causó una fuga de depósitos, que si la entidad hubiera seguido operando, se habría visto ante la imposibilidad de cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles por falta de liquidez, y en particular, a atender la retirada de depósitos que se habrían seguido produciendo, concluye.
A partir de ahora, se inicia el proceso concursal de liquidación, como se ha anunciado, durante el cual se determinará la capacidad de Banco Madrid de devolver a los acreedores lo que es suyo.