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Hacienda y Seguridad Social pierden privilegio de cobro en empresas en concurso

El Tribunal Supremo ha prohibido los embargos de la Seguridad Social sobre los créditos contra la masa de empresas concursadas que se encuentren en fase de liquidación al considerar que contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal.

La Sala Civil del alto tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social, en julio de 2012, de activos de la empresa concursada Astilleros de Sevilla S.A. por valor de 1,6 millones de euros, que se correspondían con el importe de los créditos contra la masa devengados a su favor.

La compañía fue declarada en concurso en octubre de 2010 y la fase de liquidación se abrió en febrero de 2012. En mayo de ese año, se aprobó el plan de liquidación propuesto por la administración concursal. Sin embargo, el proceso se vio interrumpido cuando la Tesorería General de la Seguridad Social inició en julio de 2012 el embargo de varios activos, correspondiente con el importe de créditos contra la masa devengados a favor de la Seguridad Social.

La Audiencia sevillana había considerado que el artículo 84.4 de la Ley Concursal, introducido tras la reforma de dicha Ley en 2011, permitía la autotutela de la Administración Pública, en este caso, de la Seguridad Social, para realizar ejecuciones administrativas separadas e independientes del concurso de acreedores, sin necesidad de la intervención del juez del concurso, y sin someterse por tanto al plan de liquidación aprobado judicialmente.

Posteriormente, el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Audiencia recuperando lo dicho en la sentencia dictada en Primera Instancia por el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Sevilla que ordenaba el levantamiento del embargo de la Seguridad Social, al entender que la interpretación correcta del artículo 84.4 de la Ley Concursal no debe ser la literal, sino que debe hacerse una interpretación más amplia, teniendo en cuenta el resto de preceptos de la Ley Concursal basada en que si el concurso entra en fase de liquidación, “haya una ejecución universal de todo el patrimonio del deudor concursado, para que pueda asegurarse el pago de los créditos conforme a las reglas legales de preferencia de cobro, previstas para acreedores tanto concursales como contra la masa”.

El Supremo recuerda que el artículo 55.1 de la Ley Concursal señala que, una vez declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, con las únicas excepciones de las ejecuciones administrativas o laborales sobre determinados bienes que estuvieran ya embargados antes de la declaración de concurso.

De esta manera, el Tribunal Supremo ha puesto fin al privilegio que hasta ahora tenía la Administración Pública para cobrar las deudas pendientes durante el proceso de liquidación de una compañía por delante del resto de acreedores, lo que le garantizaba ser el primero en cobrar y, generalmente, el que más dinero recuperaba cuando una empresa deudora quebraba.

El Juez Miguel Ángel Navarro, quien ya fuera el primero en cuestionar las cláusulas suelo de las hipotecas, volvió a dar un vuelco a la normativa existente, llendo más allá de la interpretación estrictamente literal, y valorando el conjunto de la norma, anulando el embargo de bienes de Astilleros de Sevilla y condenando a la Tesorería General de la Seguridad Social a devolver lo cobrado.

Esta decisión marca una diferencia sustancial en los procedimientos concursales.

Por un lado, la decisión del Supremo abre la posibilidad a los administradores concursales a reclamar en todos aquellos procesos que estén todavía abiertos, y en los que alguna Administración haya procedido a embargar activos por su cuenta, principalmente la Tesorería General de la Seguridad Social y Hacienda, que son los más activos, aunque en este apartado también se incluyen diputaciones o ayuntamientos, entre otros.

Reclamar en los concursos en los que ya existe una resolución en firme es más difícil, pero no imposible. Se podría solicitar la devolución de las cantidades embargadas si la actuación de la Administración ha sido perjudicial para el resto de acreedores, por ejemplo, cuando el déficit patrimonial es tan grande que tras cobrar la Administración, ya no quedan suficientes activos o dinero para cubrir las deudas del resto de acreedores.

Es probable que tras esta decisión las Administraciones públicas agilicen las ejecuciones de impagos previendo la posible declaración en concurso de las emmpresas deudoras.

A su vez, este cambio en la aplicación de la normativa, debe servir para que las empresas soliciten cuanto antes la protección que les brinda el concurso de acreedores, ya que a partir de ahora sí será efectivo pues no se podrán embargar activos, sino que será el Juez de lo Mercantil quien lidere todo el proceso, en coordinación con la Administración Concursal designada.

 

Fuentes: Expansión y Diario Jurídico

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