Según denuncian las Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), la Generalitat adeuda a los colegios católicos concertados cinco meses de los gastos de funcionamiento de los centros. Esto, unido a un sistema de concierto “insuficiente” –según afirma Vicenta Rodríguez, presidenta de Escacv)- ha llevado a que estos centros de educación hayan tenido que hacer frente a los gastos a través de sus fondos propios, incluso, solicitando préstamos bancarios.
Otro problema son las exenciones vigentes hasta ahora «en materias tan sensibles como las becas escolares, por el carácter social de nuestros colegios». Solicitan a la Administración Autonómica que éstas se mantengan ya que consideran que el impacto económico para este tipo de centros es “inasumible y puede ahogar la gestión económica»
Esta situación está llevando a determinados centros al impago de proveedores y, por tanto, al aumento de deudas contraídas.
Acuerdos de Refinanciación:
Ante situaciones de impagos, es habitual intentar llegar a acuerdos entre la empresa deudora y algunos de sus acreedores (proveedores, trabajadores, administraciones públicas, entidades financieras, etc) ofreciendo nuevas garantías o contrayendo nuevos compromisos para facilitar el acuerdo. Pues bien, la ausencia de protección legal de tales acuerdos puede conllevar una eventual rescisión de los mismos y, en último término, la generación de responsabilidades, al haberse materializado al margen del resto de acreedores.
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