Nueva Ley de Refinanciación y la Ciudad del Santander

Coincidiendo con la aprobación de la nueva normativa concursal por el Consejo de Ministros del pasado 7 de marzo, ha transcendido a los medios la publicación de la solicitud de concurso de acreedores por la sociedad propietaria de la ciudad del Santander.

En concreto, el fondo de inversiones Marme, actual propietario de la ciudad financiera del Santander, ha presentado solicitud voluntaria de concurso de acreedores por no poder hacer frente a una deuda de 1.900 millones de euros que pidió para adquirir en 2008 el complejo de edificios donde se ubica la sede principal del banco español. Dicha solicitud ha sido motivada por no secundar la refinanciación de esta cuantiosa deuda, tras el vencimiento de la amortización del préstamo concedido para la compra de las instalaciones de la sede “gigante”.

Retomando lo acontecido tras el Consejo de Ministros, y en relación a la deuda de Marme cuya refinanciación no ha sido finalmente consensuada, lo que se pretende con esta nueva reforma de la regulación concursalista es evitar que, una deudora con un alto índice de adeudos e insuficiencia de liquidez como para superar su situación de insolvencia pero que, sin embargo, cuente con expectativas de crecimiento y viabilidad operativa, se vea abocada a solicitar un concurso voluntario de acreedores en caso de no alcanzar con éxito un acuerdo de refinanciación con sus acreedores.

Las medidas susceptibles de eludir posibles obstáculos a fin de conseguir una refinanciación más flexible y, próspera en el término de los acuerdos son los fraccionamientos de pago, el acudir a quitas y, la conversión de deuda a través de su capitalización.

Gracias a esta  ampliación de vías a las que acudir en el seno de una refinanciación, se prevé que con la puesta a disposición de este tipo de facilidades para las empresas que se encuentren en fase preconcursal, una vez hayan comunicado y puesto en conocimiento el 5 bis de la Ley Concursal, y  este último sea autorizado por el Juez de lo Mercantil, posiblemente se consiga que el número de compañías españolas que busquen solventar su insolvencia, se reduzca, y así se logre el reflotamiento de las mismas.

Con esto lo que se logra es que se pueda mantener en funcionamiento la actividad empresarial de las sociedades que estén atravesando dificultades de tesorería en el transcurso de su día a día.