La firma de ropa infantil malagueña, con más de 200 tiendas en todo el mundo, fue declarada en concurso voluntario de acreedores este mes de octubre, tras presentar la solicitud al juzgado de lo mercantil número 2 de Málaga.

La empresa tiene un total de 420 acreedores, siendo el principal la entidad financiera Cajamar. La empresa mantiene su nivel de ventas, por lo que la principal razón que le lleva al concurso es la falta de acceso a financiación. Por ello, van a intentar renegociar su deuda financiera mientras prosiguen con su actividad.

Concurso de Acreedores 

Cuando una empresa no logra solucionar su crítica situación económica de dificultad mediante la utilización de las medidas alternativas al concurso de acreedores, debe acudir a este proceso judicial, de modo que, salvaguardando las responsabilidades de los administradores, pueda acometer el reflotamiento y la reestructuración de la empresa, o en otro caso, el cierre ordenado de alguna o de la totalidad de las unidades de negocio existentes.

La importancia de comunicar los créditos

Un acreedor cauteloso buscará, nada más conocer la situación concursal de su deudora, hacer valer la existencia de su crédito para, por un lado, poder recuperar el IVA de esas facturas que resultan impagadas y, por el otro, ser parte en un proceso en el cual puedan verse afectados sus intereses.

La ley no exige para comunicar la existencia de ese crédito de ningún acto especial, sino una simple remisión de los documentos acreditativos del crédito a la administración concursal. Pero hay que tener en cuenta que, a partir de esa comunicación particular de sus créditos, no volverá a tener información alguna sobre el proceso, lo que difícilmente contribuirá a la defensa de sus intereses.

En cambio, si realiza dicha comunicación a través de un abogado especialista en la materia (junto con un procurador, encargado de la recepción de actuaciones del juzgado) reforzará la defensa de sus intereses y de su principal objetivo en el concurso: lograr un eventual cobro de su crédito y en el eventual caso, que la mala conducta de la sociedad deudora que propició la entrada en concurso de la misma quede impune.

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