Las medidas adoptadas por el G-20 en 2008 a través de su Plan de Acción acordado en la Cumbre de Washington y los Acuerdos posteriores de las Cumbres de Londres, Pittsburg y Toronto, entre otras, tenían como fecha prevista de entrada en vigor el 1 de enero de 2013.

Sin embargo, la adopción progresiva de medidas encaminadas a que las entidades financieras contaran con más y mejor capital, se ha pospuesto a 2014.

Dichas medidas nacieron con una marcada intención: dar respuesta a la crisis financiera y crear los mecanismos necesarios para evitar que se produzca de nuevo otra crisis similar.

La actual crisis financiera ha puesto de manifiesto que el nivel de capital del sistema bancario era insuficiente como consecuencia de una inadecuada gestión de riesgos –en numerosas ocasiones riesgos que eran infravalorados– por parte de los bancos así como de las agencias de calificación crediticia. Esta inadecuada gestión de riesgos se ha visto afectada asimismo por errores en la regulación y supervisión financiera, particularmente en la cuantificación de la probabilidad de encontrarse en un escenario extremadamente negativo como el que se ha producido.

Además de la mencionada mejora, tanto cualitativa como cuantitativa, de capital de las entidades financieras, Basilea III prevé medidas relacionadas con el tratamiento del riesgo de las entidades sistémicas. Éstas son aquellas que, debido a su tamaño y su grado de interconexión con las demás entidades, supone un riesgo sistémico ya que, su quiebra puede afectar a todo el sistema financiero en su conjunto.

El retraso de la entrada en vigor de las medidas de Basilea III se debe, entre otros motivos, a la necesidad de evitar efectos negativos en la recuperación económica que podría provocar la adopción de las modificaciones legislativas previstas. De esta forma, se ha optado por una solución conservadora en atención a las consecuencias negativas que el endurecimiento de las normas bancarias podría producir en el crecimiento económico.

Las líneas más importantes de actuación de Basilea III se centran en la mejora del capital, tanto en cantidad como, sobre todo, en calidad así como la absorción de riesgos y la incorporación de nuevos ratios de apalancamiento y liquidez, permitiendo que las pérdidas puedan ser absorbidas por los recursos propios básicos. Estas reformas producirán un incremento de la solvencia de las entidades financieras que permitirá que puedan contar con mayor estabilidad de cara a resistir futuras crisis.

En paralelo a estos objetivos, Basilea III reformará el marco regulatorio bancario hacia un sistema financiero de menor tamaño, con más intervención del sector público y con una mayor transparencia. Es decir, nos encaminamos hacia una banca más pequeña, con mayor solvencia y más líquida tratando de huir de los extremos económicos, asumiendo un menor crecimiento en épocas de auge económico y sufriendo menor recesión en fases descendentes de los ciclos económicos favoreciendo la estabilidad macroeconómica.

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