Es decir, aquellos clientes de BANKIA que demuestren que fueron “engañados” al contratar un producto de riesgo, sin tener la formación necesaria para saber qué estaban contratando, podrán recuperar la totalidad de su inversión.

El procedimiento sería el siguiente: el inversor que solicite el arbitraje primeramente debe someterse a la criba de un asesor externo que decidirá si hubo o no mala praxis en su caso. Si se determinara que hubo “engaño”, entonces se daría el arbitraje cuyo laudo dictará el servicio de la comunidad autónoma que corresponda. Si el pronunciamiento arbitral fuera favorable, podrá recuperar el 100% de su dinero en pocos días.

En el caso de los inversores que no puedan demostrar que hubo fraude, recibirán su inversión con una pérdida del 40%, aproximadamente. Estos clientes recibirán acciones de la nueva entidad nacionalizada con el balance limpio de tóxicos inmobiliarios, los cuales la entidad habrá traspasado al “banco malo”.

Existen casos de arbitraje que ya se están dando en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el instituto gallego de consumo ha dictado laudos favorables para 6.000 familias afectadas por las ventas de preferentes de NCG BANCO. En el caso de Catalunya Caixa, la Junta de Consumo de Cataluña instó a devolver toda la inversión a 80 clientes que lo reclamaron.

La diferencia entre el arbitraje de Bankia y los anteriores es que, en este caso, la iniciativa ha surgido no de la entidad financiera, sino del Ministerio de Economía.