• C/ Orellana, 12 - 28004 Madrid
  • De lunes a jueves: 09.00 - 19.00h; Viernes: 09:00 - 1400h

Denuncias a la Banca

En las últimas semanas están proliferando las denuncias contra la Banca, como uno de los efectos más de la crisis económica que padecemos.

A nadie se le oculta, que uno de los factores que han contribuido a esta crisis ha sido la falta de liquidez de la Banca española, causada básicamente por dos motivos: por un lado, la falta de financiación del exterior, y por otro, los excesos inmobiliarios realizados antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ante esta situación, las distintas entidades financieras, en vez de dejar aflorar la deuda que tenían, han tapado la misma, recurriendo por un lado al estado, el cual les ha inyectado ingentes cantidades de dinero, y por el otro, han llevado a cabo modos dudosos de búsqueda de nuevos inversores. Así es el caso, por ejemplo, de clientes que aparentemente tenían un depósito a plazo garantizado y han visto transformado el mismo en participaciones preferentes, que en el caso de entidades en situación de insolvencia es casi incobrable; o de  la entrega de pagarés a particulares que pretenden realizar un depósito a plazo fijo, evitando así tener que pagar la cuota de garantía del FROB, de modo que el depósito sólo está garantizado por la propia entidad.

El caso de Bankia ha sido el último escándalo financiero, pues parece ser que su salida a Bolsa no ha sido tan trasparente como en un principio podría parecer.

El hecho en sí de que Bankia saliera a Bolsa no plantea ningún problema como medio para conseguir liquidez de nuevos inversores. Sin embargo, el problema surge cuando la realidad económica de la entidad no se corresponde con la información que se aporta en el procedimiento a seguir su salida a Bolsa, de modo que se produce un engaño del mercado.

La conducta expuesta se podría considerar ilícita, si se puede subsumir dentro de los parámetros introducido en el artículo 268 bis, del Código  Penal, tras la última reforma, en el cual se contempla la posibilidad de sancionar a “los que como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobres sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio”. Agravando la sanción en los casos en que efectivamente se haya obtenido la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, en perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor.

Sin perjuicio de que una vez llevada a cabo la investigación criminal, a los hechos les sean aplicables otros delitos como la falsedad de documento mercantil, delitos societarios, o delito de administración desleal contra los representantes legales de la entidad financiera.
Según el artículo expuesto, lo que se debería proteger es la integridad de los mercados financieros, que exige que todos los potenciales inversores en un mercado de valores tengan acceso a éste en condiciones de igualdad, de forma que la información disponible legalmente no sea falsa ni engañosa, y sea igual para todos.

El problema principal es comprobar si ha existido o no engaño, el cual se podrá probar a través de la publicidad que se hubiera presentado en la CNMV, y de la que de modo más individual, se haya entregado a cada uno de los accionistas o inversores.

El Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid ya ha iniciado el procedimiento penal correspondiente, sin embargo, hoy por hoy, por la constante aparición de nuevas deudas ocultas que aumentan el pasivo de la entidad financiera, podemos deducir que existen graves indicios para creer que hubo falsedad en la información otorgada en el procedimiento de salida a Bolsa.

A este hecho, además habrá que añadir la dejación realizada por los órganos de control de las entidades financieras, como el Banco de España.

Estando así las cosas, ¿qué pueden realizar los inversores, accionistas y depositantes que se sientan engañados por la inversión realizada, pues  desconocían la realidad de la entidad financiera o se les impuso la compra de un determinado producto? Personarse e incorporarse al procedimiento penal, para lo cual  tendrán que acreditar la inversión realizada, y aportar la prueba necesaria que acredite que ellos desconocían la realidad económica de la empresa, o que se les otorgó unas garantías que no existían, o que se les obligó a invertir en acciones a fin de obtener otro tipo de producto, etc.

Con la incorporación a este procedimiento, el afectado pretende que los responsables de la entidad financiera, así como de los órganos de control, respondan con su patrimonio por los hechos delictivos que hubieran podido cometer, en caso de que llegaran a ser declarados culpables, lo cual permitiría una nueva vía de recuperación de su dinero, para el caso de que la entidad financiera no pudiera responder con sus bienes de todas las deudas.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published.

LATEST POSTS
MOST POPULAR
TEXT WIDGET

What makes Cleanmate trusted above other cleaning service providers? When you combine higher standards, smarter strategies and superior quality all in one package, the result is top notch.

A %d blogueros les gusta esto: