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El FMI propone ayudar a las familias

Esta semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proponía la puesta en práctica de programas para reestructurar la deuda de los hogares, como lanzar quitas inmobiliarias que frenen el impacto negativo de la morosidad sobre la demanda y el precio de la vivienda, como ya hicieran EEUU o hace actualmente Islandia.

Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas para la economía española es la deuda de las personas físicas, unido a los casi seis millones de personas desempleadas y un 50% de la economía en situación de insolvencia, demuestran la necesidad de tomar medidas urgentes.

Esta problemática viene derivada del actual articulo 1.911 del Código Civil, que conlleva que en los concursos de personas físicas en los que no se apruebe un convenio que establezca quitas o esperas, es decir, condonación de parte de la deuda o ampliación del plazo de pago, dicho procedimiento deriva en la liquidación de los bienes del deudor, que una vez termine por completo no extingue las deudas no satisfechas con la liquidez obtenida en la misma.

Por ello, a la espera de una reforma de la Reforma de la Ley Concursal en la que se incluya un procedimiento específico para la “quiebra” de las personas físicas, la propuesta del FMI parece acertada. En un procedimiento extrajudicial anterior al concurso de acreedores, se podría entablar una negociación entre el deudor y el banco ante un tercero mediador (figura introducida tras la entrada en vigor de la ley de mediación de 5 de marzo de 2012), en aras a reestructurar la deuda de la persona física, y así asuma un plan de pagos adecuado a su situación, como ocurre con las sociedades mercantiles.

En el caso de que dicha negociación extrajudicial no fuera fructífera y por lo tanto llevara a la declaración de concurso de la persona física, se propondría dicha negociación entre el deudor y el banco dentro de la fase de convenio del proceso concursal, que abogue por la aprobación de una propuesta de convenio, permitiendo que la persona física haga frente a sus deudas de una forma razonable.

Dicho lo anterior, si el acuerdo no se alcanza ni en la negociación extrajudicial, ni en la fase de convenio, el procedimiento concursal derivaría en liquidación del patrimonio de la persona física.

Igualmente, en este caso se hace necesaria una reforma de la Ley Concursal que implique que una vez se haya procedido a la liquidación de todos los bienes, se extingan la deuda. Así las personas físicas o familias tendrán las mismas oportunidades que las empresas para salir de la situación de insolvencia.

Relativo a esta necesidad es la Disposición Adicional Única de la Ley 38/2011 de reforma de la Ley Concursal, que impone al Gobierno la obligación de remitir a las Cortes Generales en el plazo de seis meses un informe sobre la aplicación y los efectos de conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades, para satisfacer sus obligaciones y especialmente las garantizadas con hipoteca. Disposición que hasta la fecha no ha sido llevada a cabo por el gobierno.

Todo esto no exime la responsabilidad del insolvente, pero más que nunca en la situación económica que vivimos hace que sean muchas personas físicas de buena fe las que se encuentren en una situación de insolvencia fortuita, que la Ley debería amparar en la medida de lo posible, al igual que ampara al profesional insolvente.

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