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Principales modificaciones de la reforma laboral

ANÁLISIS DE LA REFORMA LABORAL. Parte general 

La reforma del mercado laboral operada por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, persigue por un lado, garantizar a los empresarios la flexibilidad necesaria en la gestión de los recursos humanos, y por otro, otorgar seguridad a los trabajadores en el empleo.

Este doble objetivo, denominado como flexiseguridad, se ha traducido en una reducción considerable de los requisitos exigidos anteriormente por la legislación en cuanto al despido, la modificación de las condiciones de trabajo o la negociación colectiva, así como en la introducción de nuevos contratos que pretenden fomentar la contratación de jóvenes y desempleados de larga duración.

Por tanto, la reforma se estructura en dos tipos de medidas: (i) las dirigidas a los trabajadores, indicadas para la formación, contratación y mantenimiento del empleo, y (ii) las destinadas al empresario en cuanto a la ampliación de su capacidad de reestructuración y adaptación a la nueva coyuntura económica y social.

(i) Medidas pro trabajador 

En primer lugar, la reforma se centra en la formación profesional continua , otorgando a los empleados un derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales con fines formativos. Además, se prevé la adaptación de los trabajadores ante la modificación de sus puestos de trabajo, corriendo a cargo del empresario la formación que aquéllos precisen.

Asimismo, y en aras a fomentar la contratación, se han introducido modificaciones en el contrato de formación y aprendizaje, permitiendo que el mismo se aplique a menores de 30 años por periodos de hasta tres años.

En esta misma línea, se ha creado un nuevo tipo de contrato indefinido de apoyo a emprendedores, a través del cual el empresario podrá beneficiarse de una serie de bonificaciones en la Seguridad Social e incentivos fiscales, los cuales alcanzarán los 3.000 € en caso de contratación de menores de 30 años.

También se ha visto afectado por la reforma el contrato a tiempo parcial, mecanismo poco utilizado en el mercado español a diferencia del resto de países de la Unión Europea. Según señala el Real Decreto Ley, este tipo de contrato permitirá la redistribución del empleo, buscándose un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social. De esta manera, se admite que los trabajadores a tiempo parcial realicen horas extraordinarias, incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes.

Por otra parte, en aras a fomentar la contratación indefinida, los empresarios deberán tener en cuenta que a partir del próximo 1 de enero de 2013 no se podrá superar el tope máximo en el encadenamiento de contratos de trabajo temporal, tal y como se estableció en la última reforma laboral.

(ii) Medidas pro empresario 

Frente a la destrucción de empleo la Reforma plantea la flexibilidad interna en la empresa, es decir, el mantenimiento del empleo mediante la adopción de medidas alternativas al despido que permitan la adaptación a las necesidades del mercado.

De acuerdo con lo anterior, se reducen los requisitos a la hora de plantear reducciones temporales de jornada y de salario, se suprime la autorización administrativa necesaria para la suspensión del contrato de trabajo, fijándose una prórroga del sistema de bonificaciones y reposición de prestaciones por desempleo previsto para estos supuestos. 

Asimismo, se fomenta el descuelgue salarial en caso de empresas que presenten caídas en su nivel de ingresos durante dos trimestres consecutivos, permitiéndoles no aplicar el convenio de ámbito superior.

Por otro lado, se otorga preferencia al convenio colectivo empresarial frente al autonómico o estatal, ya que se pretende que la negociación respecto a las condiciones laborales se realice en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y sus trabajadores. 

También, se elimina el régimen de ultraactividad o prórroga automática del Convenio, ya que el mismo estará en vigor dos años, y las partes deberán acordar su renovación antes de la finalización de su vigencia, en caso contrario, el mismo no será aplicable transcurrido dicho plazo.

Finalmente, entre las medidas más polémicas, se encuentran las relativas al despido, ya que la Reforma ha incidido sobre varios aspectos importantes relativos al mismo, a fin de evitar el denominado “despido exprés”. Según señala la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 3/2012, era práctica habitual recurrir al despido improcedente en aras a sortear la dilación del procedimiento y con ello los costes derivados del mismo.

Para evitar desvirtuar el sistema de despido colectivo , y potenciar las reestructuraciones empresariales, se han eliminado requisitos tales como la autorización administrativa para proceder a la extinción de los contratos de trabajo, únicamente se mantendrá el período de consultas, no obstante en caso de no alcanzarse un acuerdo, el empresario podrá continuar de manera individual, sin perjuicio de las reclamaciones judiciales que pueda plantear el trabajador.

Por otro lado, a partir de la Reforma, el juzgado no podrá valorar más que las causas o existencia de los hechos que han motivado el despido, sin poder entrar en otro tipo de referencias normativas que han provocado que el empresario recurriera al despido improcedente antes que plantear un expediente de regulación de empleo.

Asimismo, se generaliza la indemnización de 33 días con un tope de 24 mensualidades para todo tipo de despido improcedente y se suprime la obligación del empresario de abonar los salarios de tramitación en caso de que se opte por la no readmisión del trabajador.

La Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 3/2012 hace hincapié en que estas modificaciones persiguen, además de la flexibilidad interna de la empresa, que la decisión de despedir se fundamente en cuestiones de efectividad y productividad del trabajador, y no en razones de antigüedad como se venía haciendo hasta el momento. En esta línea, se hace referencia a la necesidad de otorgar preferencia en la permanencia en la empresa a trabajadores con cargas familiares, mayores de cierta edad o personas con discapacidad.

En conclusión, se trata de una Reforma amplía en el sentido de que afecta a los principales pilares de la contratación en el mercado laboral español, flexibilizando los requisitos exigidos para la adopción de medidas relativas a la reestructuración empresarial. Todo ello, sin olvidar el problema del desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años y parados de larga duración, previendo incentivos y bonificaciones para la contratación de este tipo de trabajadores en régimen de formación y aprendizaje, contratos a tiempo parcial o, incluso, el teletrabajo.

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