Tras el auto de revocación del anterior auto de sobreseimiento y archivo, que en su día se dictara por el Juzgado Central nº 1 de la Audiencia Nacional , se reinicia la causa penal contra sus representantes legales.

RIVIERA COAST INVEST S.L. saltó a la palestra por el escándalo que se produjo en Alicante, cuando un gran número de inversores compradores de vivienda dejaron de cobrar el dinero de su inversión y comprobaron que podían haber sido estafados. Mientras algunos afectados fueron a Madrid a denunciar en la Audiencia Nacional el hecho, otros se personaron en el aeropuerto a fin de evitar que el Sr. Tabarot, máximo responsable de la empresa eludiera la acción de la justicia, mientras el Juez Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ordenaba su detención y puesta a disposición judicial.

A pesar del inicio del proceso penal, años más tarde se archivó la causa por el mismo Juzgado Central nº 1 de Madrid, alegando que no existían indicios bastantes de criminalidad, pues la causa de la deriva de la empresa se había producido por la crisis que padecía España, y que por tanto, todo debía dirimirse en el procedimiento concursal que se seguía en el Juzgado de lo Mercanil nº 1 de Alicante. El archivo de la causa supuso un gran decepción para los afectados, pero fue recurrido por IURE ABOGADOS, entre otros abogados personados en la causa.

Se manifiesta por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que existen claros indicios de criminalidad imputables a D. Roch Claude Tabaron, D. Francisco Fernández y D. José Antonio Quesada, administradores de RIVIERA COAST INVEST S.L. por delito de estafa e insolvencia punibles, en total contradicción con la tesis del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional , y explica de modo claro y contundente, que existen multitud de indicios de criminalidad en los hechos, de los cuales pueden derivarse los delitos siguientes:

– Delito de insolvencia punible y descapitalización de la empresa, pues se ha producido continuas salidas de dinero en beneficio de los socios que no sólo han causado la descapitalización de la empresa, sino que han causado un grave perjuicio a las víctimas.

En relación a este delito el auto del Tribunal de Apelación, se hace eco de lo dicho por los Administradores concursales en sus informe definitivo de 15 de julio del 2010, en el que expresamente se mantiene que la causa de la insolvencia fue la salida de fondos de la empresa para atender necesidades privadas de los socios, o empresas filiales. Manteniendo a continuación, que ha de valorarse que de haberse reintegrado estos casi 19 millones de euros al activo social, los perjuicios de las víctimas se hubiera minorado de forma cualitativamente significativa, y hubieses podido influir en la naturaleza de la acción.

– Se considera que también existe delito de estafa en relación a los compradores de viviendas, pues no se cancelaron las hipotecas que se tenían suscritas, a pesar de las aportaciones realizadas por dichos compradores, pero es que además se cancelaron anticipadamente los avales constituidos en garantía.

En conclusión, se abre de nuevo un rayo de esperanza para los afectados de RIVIERA COAST INVEST S.L. que esperan recuperar algo de dinero, y obtener algo de justicia.

IURE Abogados

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