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El reciente Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, nos ha dejado una serie de medidas con las que hacer frente a esta dura situación que ha azotado a nuestro país y que no ha dejado a nadie indiferente.

En el presente artículo, vamos a hablar sobre las medidas adoptadas en relación con la situación en que el COVID – 19 y el consecuente estado de alarma deja a los autónomos y las personas jurídicas, y como a través de estas medidas extraordinarias trataran de solventar y darles margen de actuación.

I. AUTÓNOMOS ANTE EL COVID - 19

Respecto a la prestación extraordinaria por el cese de actividad para los afectados por la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID – 19, con carácter excepcional y vigencia, a priori de 1 mes, con posibilidad de ser ampliado hasta el mes en que finalice el estado de alarma en función de cómo avance la contención y gestión del virus en cuestión, los trabajadores autónomos cuyas actividades queden suspendidas o, su facturación en el mes anterior al que se solicite la prestación, se haya visto reducida al menos, en un 75% con respecto a su promedio de facturación en el semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria.

Para ello, será preciso que cumplan una serie de requisitos:

- Estar afiliados y en alta, en la fecha de declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
- En caso de que no se trate de una suspensión total de la actividad, acreditar la reducción de facturación en al menos un 75% en relación con el semestre anterior.
- Encontrarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
En caso de no estar al corriente en dicho pago, el órgano gestor de las prestaciones extraordinarias invitará al solicitante a poner al día dichas cuotas pendientes en un plazo improrrogable de 30 días naturales.

La cuantía se calculará sobre el promedio de las bases por las que se haya cotizado durante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal del cese.

Por último, esta prestación extraordinaria tendrá la duración de 1 mes que, en caso de que el estado de alarma la autoridad competente estime necesario prolongarse, esta prestación se extenderá hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma.

II. APLAZAMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS ÓRGANOS SOCIALES

Respecto de las personas jurídicas, vemos que se han establecido una serie de medidas que faciliten la toma de decisiones y gestión de la sociedad.

De este modo, sin necesidad de previsión estatutaria, durante el estado de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y administración podrán celebrarse por videoconferencia.

En cuanto al plazo de 3 meses para la formulación de cuentas anuales este quedará suspendido hasta que finalice el estado de alarma, y se reanudará por otros 3 meses que
comenzarán a contarse desde la fecha en que finalice el estado de alarma.

Asimismo, la Junta General ordinaria para la aprobación de las CCAA, se reunirá tras haber finalizado el nuevo plazo de 3 meses para la formulación de las cuentas.

Del mismo, modo si ya fueron formuladas las cuentas y convocada la Junta General para la aprobación de las mismas, el órgano de administración podrá optar por modificar dicha
convocatoria o revocarla.

Si decide modificarla, deberá hacerlo con una antelación mínima de 48 horas y, si opta por la revocación esta deberá convocarse dentro del mes siguiente a la fecha en que finalice el estado de alarma.

Asimismo, los socios no podrán ejercer su derecho de separación con independencia de que resulte aplicable por causal legal o estatutaria. No pudiendo ejercitarse hasta finalizado el estado de alarma.

Y por último y más importante, en caso de que antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de este, concurra una causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para que el órgano de administración convoque Junta general en orden a darle solución o acordar la disolución de la sociedad, quedará suspendido hasta que finalice el estado de alarma.

De esta manera, ante la causa legal o estatutaria de disolución que hubiera acaecido durante el estado de alarma, los administradores no deberán preocuparse, pues no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.


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