El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, establece que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros. 

Los avales serán para suscribir préstamos (otorgados por las entidades financieras) para cubrir necesidades de circulante (de pagos inmediatos). 

No está previsto que dichos avales garanticen por tanto préstamos hipotecarios. 

Se pueden tomar préstamos o pólizas de crédito. 

No está previsto que el Estado avale leasing ni renting (por lo antes dicho; no se corresponde con asistencia financiera para cubrir necesidades de tesorería corrientes). 

¿Cómo serán de rigurosos los bancos para conceder esos préstamos (sabiendo que cuentan con el aval o la garantía del Estado)? Ésta es la gran duda que iremos desvelando en estos días. Otras dudas al respecto: criterios para hacer una asignación de préstamos justa entre todas las empresas. Habrá un límite temporal para solicitar los préstamos y entiendo que habrá límites cuantitativos en función de las magnitudes de las empresas para fijar las cuantías de préstamos asignadas a cada una de ellas.