Es el derecho que regula la insolvencia tanto de personas físicas como sociedades.
Sucede que ante un insolvente, necesitamos un cuerpo normativo que regule qué hacer con el mismo.
Por eso, el concurso es un proceso, un camino donde ventilar en sede judicial, qué soluciones plantear ante la presencia de un insolvente.
Para empezar conviene dejar claro, que insolvente para la Ley Concursal es aquel que no puede cumplir regularmente sus pagos.
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Ante esa situación de incapacidad de atender el endeudamiento, la Ley Concursal regula soluciones extramuros del concurso; o sea que no precisan de intervención de una serie de operadores (tales como el Administrador Concursal o el juez): estamos en presencia de acuerdos entre el deudor y sus acreedores por los que se procede a la refinanciación del endeudamiento del deudor.
La experiencia nos dice que estos acuerdos de refinanciación que pretenden remover la situación de insolvencia, se dan en contadísimas ocasiones.
El por qué es claro:
Las Administraciones Públicas no llegan a acuerdos y los bancos no tienen orejas (salvo casos de elevado endeudamiento).
Si la insolvencia continúa y no se ha abortado extramuros del concurso, entonces no queda más remedio que judicializar dicha situación.
Entonces aparece en escena el Administrador Concursal, que es quien interviene con su firma las decisiones del deudor (para impedir cualquier acto de disposición de éste que perjudique a sus acreedores).
El proceso concursal una vez abierto tiene 3 vías de conclusión:
El Derecho Concursal a su vez sirve de vía para que muchas personas físicas sobreendeudadas digan adiós a sus deudas.
Así pues, podríamos decir que en atención a estos dos objetivos que se pueden dar por cumplidos gracias al Derecho Concursal, podríamos definir que el mismo es un derecho que aporta tranquilidad a quienes ven reducida o exterminada la mochila de sus deudas.
