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La maquinaria del BOE no para de crear Reales Decretos-Leyes (aquellos que se adoptan porque tratan de implementar normas con carácter de urgencia).

Así, el pasado 28 de abril, vio la luz el RD-Ley 16/20.

Empieza diciendo que la litigiosidad que se avecina en todos los frentes (ERTEs, juicios ordinarios, familia, vulnerabilidad de colectivos, insolvencias de empresas,...), requiere de medidas de todo tipo para que la justicia sea una realidad al alcance de quien en ella busca un derecho fundamental.

Para hacer posible que dicha justicia llegue, ante el atasco de nuevos procedimientos y la paralización de los ya suspendidos, se proponen medidas de todo tipo: medidas procesales, organizativas, tecnológicas e incluso se apela a la solidaridad de los funcionarios para siguiendo el ejemplo de sus compañeros sanitarios, hacer posible que la tutela judicial sea efectiva.

En el ámbito concursal se introducen las siguientes modificaciones:

1. Partiendo de la base de que hay empresas en concurso que están sometidas a convenio, Acuerdo Extrajudicial de Pagos o Acuerdo de Refinanciación homologados por el juzgado, y que dichas empresas, derivado de las consecuencias del estado de alarma, tengan dificultades para cumplir con dichos pactos, se les facilita la modificación de los mismos (con el ánimo de evitar la liquidación).

2. Actualmente, cuando una persona relacionada con un futuro concursado, pone dinero en dicha empresa, su crédito, en el ulterior concurso de la misma, tiene el carácter de subordinado (el último en cobrar).

Así sucede, cuando una empresa del grupo, o un familiar del administrador, presta
dinero.

Pues bien, el referido RD viene a premiar dichos préstamos hechos por personas especialmente relacionadas con el futuro concursado, y así, en vez de tener dichos préstamos el carácter de subordinados, a partir de ahora tendrán la naturaleza de créditos ordinarios.

3. El RD-Ley 8/20 estableció una moratoria en el deber de solicitar el concurso, de 2 meses desde que finalizara el estado de alarma.

Pues bien, parece que ese plazo a la vista del atasco que se genere, se ha creído conveniente alargarlo hasta el 31/12/20.
De esta manera el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el DEBER de solicitar la declaración de concurso antes de 31/12/20 (y por tanto aunque se encuentre en situación de insolvencia antes de esa fecha, no tiene por qué temer que sus acreedores le insten un concurso necesario, pues dichas solicitudes de concurso necesario –si el deudor insta su concurso voluntario antes del 31/12/20- no serán admitidas a trámite).

¡Ojo! Que no exista el deber no quiere decir que no exista el derecho a solicitar el concurso con anterioridad a dicha fecha (31/12/20).

Así, por ejemplo, si antes de esa fecha una empresa ve claramente que no puede atender regularmente sus pagos, y su solución pasa por acogerse a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos, a un Acuerdo de Refinanciación, a una propuesta anticipada de convenio o una transmisión de la unidad productiva, la única forma de salvar la viabilidad de la misma, es acogerse a la medicina preventiva que ofrecen dichas medidas (máxime ahora que el propio RD Ley ha venido a regular con carácter de preferente dichas medidas).

En Madrid a 4 de Mayo de 2020



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