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El RD 8/20 ha venido a dejar en hibernación el plazo para solicitar concursos de acreedores (ver artículo publicado por IURE ABOGADOS en su web: “Interrupción del plazo obligatorio para solicitar el concurso”). 

Todo deudor insolvente tendrá pues de plazo, dos meses desde que concluya el estado de alarma para cumplir con dicha obligación. 

¿Qué sucederá entonces? 

Que muchos empresarios al verse incursos en situaciones de insolvencia atasquen aún más los juzgados de lo mercantil al instar o bien concursos voluntarios o bien concursos necesarios. 

Los empresarios desde el comienzo de este “estado de enjaulamiento” han ido priorizando los siguientes frentes: primero los ERTES (para ajustar la fuerza laboral a los tiempos actuales); en segundo lugar los préstamos ICO (para obtener oxígeno que les permita continuar). ¡Ojo! Acerca de estos ICOs ya hicimos un comentario en nuestra web (“VIABILIDAD PRÉSTAMO ICO (CASO REAL)”, en el que invitábamos a reflexionar acerca de la utilidad de los mismos (pueden ser pan para hoy y hambre para mañana)). 

El tercer frente vendrá cuando concluya el estado de alarma y la empresa vea que no puede atender sus pagos (aún a pesar del préstamo que haya podido recibir). En ese momento es cuando se prevee la avalancha de concurso de acreedores. 

Ante tal avalancha desde IURE ABOGADOS proponemos una serie de medidas para paliar los efectos negativos que produce (ya en estos momentos) la congestión judicial. 

Las más significativas serían: 

En primer lugar poner las nuevas tecnologías al servicio de la justicia. 

Así, considerando que la mayoría de los procesos son clónicos, habría que pensar en la inteligencia artificial para dar respuestas rápidas y sin imputación de horas/funcionario a muchos procesos (piénsese por ejemplo en los procesos de las cláusulas suelo, donde las pretensiones de los demandantes son análogas; todas ellas pueden tener solución rápida e inequívoca desde la inteligencia artificial). En IURE ABOGADOS estamos inmersos en la inteligencia artificial de la mano de KNOWDLE AI para agilizar y simplificar procesos. ¿Por qué no hacerlo desde el frente de la Administración de Justicia? 

En paralelo con la inteligencia artificial la Administración de Justicia debe utilizar la regla de Pareto para conseguir que con una asignación eficiente del 20% de los recursos materiales y humanos se dé respuesta al 80% de los casos. 

En segundo lugar hay que desjudicializar el conflicto deudor/acreedores. 

Si el conflicto termina en sede judicial, se eterniza. ¿Cómo conseguir pues que quede extramuros de los juzgados? Redefiniendo y potenciando la figura de la mediación concursal. 

Dicha figura ya existe en nuestra ley concursal (concretamente el artículo 233 de dicho cuerpo legal regula su nombramiento). Nació para que el deudor y sus acreedores llegaran a acuerdos extramuros del juzgado, ¿y saben cuál ha sido el resultado de dicha figura? Prácticamente nulo pues de más de 100 casos resueltos en nuestro despacho de insolvencias de personas naturales, en ninguno el mediador impulsó el acuerdo (y por tanto todos concluyeron en desacuerdo). 

Habrá pues que modificar radicalmente la figura del acuerdo extrajudicial de pagos y por ende del mediador concursal para llegar a acuerdos deudor/acreedores sin que ello atasque aún más la Justicia. 

En tercer lugar hay que tener en cuenta las estadísticas actuales que nos dicen que el derecho concursal es derecho certificador de defunciones empresariales, y no el remedio para evitar dichos cierres (en el 95% de los concursos las empresas cierran y mal venden sus activos; en el 5% restante llegan a acuerdos con sus acreedores pero los mismos en su mayoría se incumplen). 

Está a punto de ser aprobado el Texto Refundido de la Ley Concursal (dicho texto como bien dice su nombre “refundido” no incorpora novedades importantes respecto a la actual legislación; únicamente sistematiza y refunde los textos vigentes). 

Conclusión: si volvemos a tratar mismos problemas con mismas recetas, ¿por qué debemos esperar resultados distintos? 

Sucede y sucederá que habrá dos tipos de empresas que llamen a las puertas de los juzgados de lo mercantil pidiendo acogerse a la UVI del proceso concursal: Las que no tienen solución de continuidad (no sólo son inviables sino que su estructura de costes es muy pesada) y las que sí lo son al contar con un plan de viabilidad serio y con preacuerdos con sus acreedores de referencia. 

Como cualquier lector puede estar imaginándose unas y otras empresas deben tener trato diferente (en unas la lentitud del procedimiento no es preocupante) mientras que en el caso de las viables, hay que poner a su disposición todos los mecanismos (plazos breves, seguridad jurídica, actores profesionales...) para evitar que se destroce aún más el tejido empresarial (empleos, recaudación tributaria, PIB,...). 

Para ello desde IURE ABOGADOS proponemos que exista una figura de Administración Concursal especializada en viabilidad de unidades productivas, que será quien, primero analice las probabilidades de éxito de la empresa y de sus acuerdos de refinanciación, y quien finalmente impulse el procedimiento devengando sus honorarios principalmente a éxito (si logra sacar de la UVI a la empresa enferma y la devuelve a la normalidad para que siga aportando PIB y empleo a nuestro país que en estos tiempos tanto va a necesitar). 

Si se implementan estas medidas, el derecho concursal estará llamado a ser un derecho sanador (de empresas con problemas) y no tanto un derecho certificador de empresas fallecidas. 

En Madrid a 14 de abril de 2020

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