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Movilidad y modificación de condiciones de trabajo

Uno de los objetivos de la reforma laboral es fomentar que el empresario, con los incentivos adecuados, pueda hacer frente a las oscilaciones de la demanda, recurriendo a mecanismos diferentes al despido, preservando así el capital humano.

Este es el objetivo del Real Decreto 3/2012 de 10 de Febrero, que “las empresas y los trabajadores superen juntos la crisis”. Para ello, se facilita la adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas por las que atraviese la empresa:

1.  Se suprime el sistema de clasificación profesional por categorías, incluyendo en la noción de grupo profesional el concepto de responsabilidades asignadas a cada trabajador, lo que supone un término más ventajoso tanto para empresarios como para trabajadores.

2.  Se podrán modificar las funciones de los empleados atendiendo a la coyuntura de la empresa, siempre teniendo en cuenta, no solo las titulaciones académicas o profesionales precisas, sino también la dignidad del trabajador. Dicha movilidad funcional podrá plantearse tanto para la prestación de funciones superiores como inferiores debiendo el empresario notificar al trabajador afectado no solo el cambio si no las razones que lo motiven.

En cuanto a la movilidad geográfica, la misma ha sufrido modificaciones en cuanto a su causalidad, considerando que ocurren circunstancias para proceder al traslado de trabajadores a otros centros de trabajo que implique cambio de residencia, aquellas tales que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

3.  Se facilita la modificación de la jornada de trabajo, el horario, el salario, el sistema de rendimiento, entre otros, distinguiendo únicamente si dichas medidas son individuales o colectivas, únicamente por el número de trabajadores afectados.

Por tanto, podrán modificarse las condiciones pactadas en convenios, acuerdos o pactos colectivos a nivel individual y en el caso de supuestos colectivos desaparece las referencias expresas función y horario. Del mismo modo, se reduce el periodo de notificación de los supuestos individuales, pasando a ser de 15 días.

Con el objetivo de evitar el despido, se simplifican los trámites y se establecen incentivos para la reducción de la jornada laboral o la suspensión temporal del contrato en el caso de situaciones de disminución de la demanda.

El procedimiento para llevar a cabo dicha reducción o suspensión pasa a tener una regulación específica, al margen de lo regulado, para los despidos colectivos, manteniendo un plazo de consultas de 15 días con los trabajadores, pero desapareciendo la intervención administrativa, salvo a efectos de notificación.

Con las anteriores medidas, el empresario podrá reestructurar laboralmente la empresa, atendiendo a la coyuntura de la misma y de este modo, preservar en la medida de lo posible el capital humano.

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