La UTE y el concurso de acreedores

10-05-2012 - Mª Auxiliadora Blázquez


La unión temporal de empresas (UTE) es un mecanismo de colaboración empresarial, de gran proliferación en la ejecución de proyectos en el mercado inmobiliario español, gracias a las sinergias que se obtienen como consecuencia de la suma de cualidades de cada una de las empresas integrantes de dicha asociación.

Dicha unión no queda indemne de los efectos de la declaración de concurso de acreedores de uno de sus miembros, y la eventual disolución de la misma como consecuencia de dicha declaración. Si bien los efectos del concurso de uno de sus miembros dependerán de en qué situación se encuentre el proceso concursal, es decir, si estamos en fase común o si se encuentra en fase de liquidación.

Si la declaración en concurso es en fase común, no implica la forzosa disolución de la UTE (aunque en la mayoría de las ocasiones se prevea en los estatutos de constitución de la UTE como causa de extinción automática de la misma), sino que queda sujeto a la valoración de la administración concursal, que analizará la solvencia de la unión, la facultad de instar la disolución o no de la misma siempre teniendo en cuenta el interés del concurso, es decir, valorando si la misma conllevará o no una ampliación de las expectativas de cobro de los acreedores.

Por el contrario, en fase de liquidación, donde se llevan a cabo todas las actuaciones que se consideren precisas para el pago a los acreedores hasta donde alcance, los contratos que continúen en vigor tenderán a desaparecer por la propia naturaleza del proceso de liquidación en el que se ve envuelto el miembro concursado, cuya sociedad se disolverá.

Una de las primeras cuestiones esenciales al valorar los efectos de la declaración de concurso de un miembro de la UTE respecto a la misma, es la naturaleza jurídica de dicho ente, teniendo en cuenta la escasez de legislación aplicable a la misma. La única regulación aplicable a la UTE se plantea en torno a su régimen fiscal en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, de Régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y sociedades de desarrollo regional.

En dicha ley se define la UTE como un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el desarrollo de una obra, servicio o suministro; estableciendo de forma tajante que la UTE no tendrá personalidad jurídica propia.

Partiendo de dicha definición, procederemos a resumir las notas más características de este acuerdo de colaboración entre empresarios:

contrato de colaboración asociativo, cuya razón de ser tiene en las sinergias obtenidas por la agregación de las diferentes cualidades de cada miembro de la UTE
contrato plurilateral (no bilateral ni sinalagmático) que trae causa en que las prestaciones que realiza cada uno de los miembros están dispuestas en una única dirección, la de lograr un fin común
contrato intuitu personae, resultando esencial las cualidades de cada miembro de la UTE
sin personalidad jurídica
sin patrimonio propio, puesto que los bienes aportados por los socios para lograr ese fin común permanecen en el patrimonio de dichos socios
responsabilidad directa y solidaria de los socios integrantes de la misma respecto de aquellos actos realizados por el gerente único, que es el que se encuentra facultado legal y estatutariamente para vincular a la unión, y siempre que se trate de operaciones realizadas en beneficio del común y que el gerente haya hecho constar expresamente su condición de tal

Con lo anterior, podemos extrapolar como régimen supletorio al previsto en la ley 18/1982, el de las sociedades internas del código civil. Partiendo de la obviedad de que la UTE no puede ser declarada en concurso, al carecer de personalidad jurídica, eso no significa que cada uno de sus miembros no pueda encontrarse en esa situación uno de sus miembros.

La primera cuestión a resolver sobre dicha declaración de concurso de uno de los miembros de la UTE, es si resulta de aplicación lo regulado en cuanto a los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos, en los artículos 61 y siguientes de la ley concursal.
La respuesta a esta cuestión debe ser negativa, al no ser el contrato de constitución de la UTE bilateral ni sinalagmático, sino un contrato plurilateral de colaboración y base asociativa.

Por ello, el precepto al que se debe acudir en caso de concurso de uno de los miembros de la UTE, es el art. 1700.3 del código civil, según el cual es causa de extinción la insolvencia de cualquiera de los miembros integrantes de la  misma.

Dicho lo anterior, ello no significa que dicha extinción opere de forma automática, por lo que por sí sola, la declaración de concurso de un miembro de la UTE no afectará a la vigencia del contrato, si no que por el contrario, debe ser la administración concursal, la que en cada caso, inste la disolución de la UTE, en interés del concurso.

Lo anterior únicamente resulta aplicable si no nos encontramos en fase de liquidación.

Si nos encontramos en fase de liquidación, por la propia naturaleza del proceso, dicho contrato aún estando en vigor tenderá a desaparecer, puesto que en la liquidación se acometerán, como su propio nombre indica, la operación de liquidación de los activos de la concursada, disolviéndose esta.

No obstante, a pesar de que la entrada en fase de liquidación de la concursada conlleve la extinción automática de la UTE, existen determinadas alternativas legales para evitar dicha extinción.

Por un lado, la participación que ostenta el miembro concursado en una UTE integra el patrimonio empresarial que globalmente puede ser objeto de transmisión unitaria en el marco de las soluciones del concurso. Dicha cuota podría ser considerada una unidad productiva a efectos de transmisión separada del resto del patrimonio empresarial.

Para ser considerada una unidad productiva deberá implicar el empleo de un conjunto de elementos cohesionado del que se halla en legítima posesión, diferenciado del resto de la actividad, y organizado por él mismo, constituyendo la prestación completa prometida a la contraparte del negoción de ejecución de la UTE.

En el caso de que dicha transmisión se realizara mediante un título oneroso, podrá realizarse a un tercero o a un acreedor siempre que se hagan cargo de los componentes patrimoniales afectos a su actividad.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir dicho tercero o acreedor, debemos partir de la consideración del contrato de UTE como intuitu personae, por lo que la enajenación de dicha cuota en la UTE, requerirá el consentimiento de todas y cada una de las partes afectadas, es decir el resto de miembros de la UTE (en el caso de ser más de dos) y los terceros con quienes se hubiera contratado.

Dicha sustitución deberá establecerse en escritura pública para que se conserve el régimen fiscal propio de la UTE, así como ser inscrito en el Registro especial previsto para este tipo de acuerdos temporales.

Por otro lado, en este tipo de contratos de colaboración de empresas para la ejecución de proyecto común será posible la incorporación de nuevos socios, cuya formalización implicará forzosamente el cumplimiento de las siguientes pautas:

• Acuerdo unánime de todos los socios
• Nuevo reparto de participaciones
• Formalización en escritura pública que modifique la de constitución

En relación con los efectos que tal ampliación podría desplegar respecto al contrato de ejecución de obra suscrito por la UTE con la administración pública, se debe advertir que el contrato continuará con su vigencia, no siendo necesario contar con el consentimiento expreso de la administración pública para la incorporación de un nuevo socio.

El contrato se adjudicó sobre la base de la oferta que presentaron unos determinados empresarios, y a través de la modificación subjetiva del contrato se estaría también contratando ahora con otro más, prescindiendo, respecto a él, del procedimiento de selección de ofertas.

No obstante, esto no evita el problema de disolución de la UTE por liquidación de uno de sus miembros, por disposición estatutaria.

En conclusión, la declaración de concurso de un miembro de la UTE no impide la extinción forzosa de esta, salvo que en dicho procedimiento concursal se entre en fase de liquidación, existiendo no obstante alternativas legales para evitar dicha extinción.

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