Tributación Honorarios de La Administración Concursal

06-10-2011 - Mª Auxiliadora Blázquez


Durante la tramitación de un concurso se devengan una serie de retribuciones a la administración concursal cuya tributación abordamos en este artículo, por un lado su tratamiento fiscal a efectos del Impuesto Sobre el Valor Añadido y por otro lado a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por otro lado trataremos de la responsabilidad tributaria de la administración concursal desde el punto de vista fiscal.

En relación al Impuesto sobre el Valor Añadido

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la administración concursal es un órgano colegiado formado por tres miembros: un abogado con experiencia profesional de al menos cinco años, un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil con una experiencia igualmente de cinco años y por último un acreedor titular de un crédito ordinario o con privilegio general que no esté garantizado.

Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.1. La administración concursal estará integrada por los siguientes miembros:
  1. Un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo
  2. Un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados, con una experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo
  3. Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio general, que no esté garantizado. El juez procederá al nombramiento tan pronto como le conste la existencia de acreedores en quienes concurran esas condiciones

Cuando el acreedor designado administrador concursal sea una persona jurídica, designará, conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 de este artículo, un profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo 2 anterior, el cual estará sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que los demás miembros de la administración concursal.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo la línea de la DGT , debido a que el nombramiento de los administradores concursales se realiza dentro de diversas categorías profesionales y el desarrollo de sus funciones se realiza dentro de una actividad empresarial o profesional, el desempeño de las funciones de administración concursal es considerado una prestación de servicios que forma parte del hecho imponible del impuesto y por tanto queda sujeta al IVA y no exenta. Dicho lo cual, aun en el caso de que el cargo de administración concursal recaiga sobre una persona física que no venga realizando una actividad empresarial o profesional a efectos del impuesto, como puede ser en el caso del administrador concursal que es acreedor titular de un crédito ordinario o con privilegio general no garantizado, dicha función de administrador se debe entender efectuada en el ejercicio de una actividad empresarial y por tanto quedaría de este modo sujeta al IVA y no exenta.

En relación al IRPF

Respecto al cargo de administrador ordinario de una sociedad tanto el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 1.3.c, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo consideran que no existe una relación laboral entre la sociedad y el administrador, sino que es una relación mercantil . No obstante dicha consideración no afecta a la calificación a efectos del impuesto de la renta obtenida por el administrador de la sociedad, la cual a la hora de calificarse debemos distinguir entre dos tipos de administradores de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Concursal anteriormente reproducido. Por un lado, un abogado y auditor con experiencia profesional, y por otro un acreedor al que dicha experiencia no es exigible.

Dicho modelo de administración es una de las novedades introducidas en la Ley concursal ya que dentro de un órgano colegiado distingue entre la profesionalidad necesaria para determinadas materias de gran importancia para el concurso, como son la jurídica y la económica, con la presencia de un titular de un crédito cuya satisfacción pende de la tramitación de dicho concurso.

El nombramiento de dichos profesionales se realizará por el juez del concurso de entre aquellos que, reuniendo las condiciones que exige la ley, hayan manifestado su disposición para ejercer dicha función bien al colegio profesional, o al Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Es decir, que tanto el abogado como el auditor de cuentas son designados en atención al desarrollo de su actividad y por tanto no podrá distinguirse la actividad que realizan en relación a su cartera de clientes con la que desarrollarán respecto a la empresa en situación de concurso, ya que en ambas, sus funciones son prestadas en el ejercicio de una actividad profesional mediante la utilización de recursos personales y materiales empleados de forma indistinta para ambas funciones.

En relación a los rendimientos percibidos por el abogado y el auditor durante la tramitación del concurso, de acuerdo al artículo 27.1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas .

Artículo 27.  Rendimientos íntegros de actividades económicas.

1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales , artísticas y deportivas.

En cambio los rendimientos percibidos por el acreedor de un título ordinario o con privilegio general no garantizado, de acuerdo con el artículo 17.2 de la LIRPF se consideraran rendimientos del trabajo personal.

Por otro lado, estas cantidades abonadas a los administradores, en atención al artículo 99 LIRPF estarán sometidas a retención que deberá ser realizada por aquella entidad que satisfaga estas cantidades. Esta obligación de practicar retención queda ampliamente desarrollada en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que establece en su artículo 78 .1 que con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.

De igual modo, el artículo 79 RIRPF establece que las retenciones o ingresos a cuenta se imputarán por los contribuyentes al período en que se imputen las rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, con independencia del momento en que se hayan practicado.

Por tanto, y salvo que el contribuyente haya optado por el criterio de cobro o pago, en los casos previstos en el artículo 7.2 RIRPF, en cada uno de los ejercicios en que se desempeñe el cargo de administrador concursal deberán declararse las retribuciones correspondientes a los servicios prestados en él con independencia del momento en que se produzcan los cobros y con independencia de la posible existencia de liquidaciones provisionales por ejemplo en el caso, de la fase común del concurso que puede verse afectada por la modificación de las diferentes masas del deudor, como consecuencia de la aprobación definitiva tanto del inventario de bienes como de la lista de acreedores.

Otra cuestión que se suscita es si es posible calificar los rendimientos como irregulares u obtenidos en un periodo superior a dos años. El artículo 32 LIRPF establece que: l os rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 %.

El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan .

No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aún cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos.

Por otro lado, el artículo 25 RIRPF establece aquellos rendimientos que se entienden obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, dentro de los cuales no se pueden incluir los rendimientos percibidos por los administradores concursales.

En el caso de que los administradores concursales sean sociedades que hayan nombrado un profesional que cumplan con las condiciones legales las retribuciones percibidas por dicha sociedad estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades como ingresos de la actividad Además, al ser una operación vinculada, los servicios prestados por el designado profesional a la sociedad deberán valorarse por su valor normal de mercado.

En cuanto a la responsabilidad de la administración concursal desde el punto de vista fiscal

La Ley general tributaria regula una serie responsables tanto solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria junto a los deudores principales. Dicho deudor principal es el obligado tributario, que es la sociedad concursada.

Artículo 43.  Responsables subsidiarios.

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

c. Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios . De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.


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