Cómo ser avalista y no pagar en el concurso

19-11-2010 - Carlos Pavón


En estos tiempos de crisis, en los que muchas empresas se ven abocadas al cierre, las entidades financieras juegan un papel destacado, no ya en el apoyo a la viabilidad empresarial, sino en facilitar una liquidación ordenada de las deudas, lo que tiene importantes efectos sobre los avalistas.

Pensemos, por ejemplo, en el negocio inmobiliario y su importante carga financiera. Cuando las entidades han cortado ya toda financiación a proyectos inmobiliarios, posiblemente por no incrementar un stock de productos que compitan con los acumulados en las existencias de sus propias sociedades inmobiliarias, los promotores se ven forzados a acogerse al proceso concursal, con el ánimo de eludir las responsabilidades personales de los administradores que surgirían de no solicitar el concurso, el cual necesariamente se encaminará a su liquidación, dada la falta de apoyo de los acreedores principales a un convenio fundamentado, precisamente, en la financiación de tales proyectos inmobiliarios.

Ante esta situación, adquiere especial relevancia la posición de los fiadores o avalistas de la sociedad promotora, pues surge en ocasiones la circunstancia de que los bienes que integran la sociedad deudora cubren, sobre el papel, el volumen de las deudas contraídas, mientras que, en caso de ejecución, es sabido que el precio que se obtendrá por tales bienes será sensiblemente inferior, en cuyo caso la diferencia deberá ser cubierta por el fiador o avalista.

Es la eterna disyuntiva entre el precio teórico de las cosas y su precio real, ante lo cual debemos plantearnos cómo actuar.

En estos casos, las entidades financieras aceptarán, cómo no, adjudicarse los activos inmobiliarios y que los garantes abonen el resto. Para ello, las mismas tasadoras que en su día fijaron precios elevados para inmuebles sobrevalorados, se encargarán ahora de devaluar su precio, a fin de que los garantes atiendan una parte importante del mismo.

Es en este baile de precios sin sentido en el que el juez del concurso tiene la facultad de intervenir, impidiendo que un acreedor profesional, la entidad de crédito, malogre la liquidación de una sociedad promotora.

Así, la Ley Concursal faculta al deudor a presentar su propia propuesta de liquidación anticipada, en la cual cabe plantear la adjudicación en pago de deuda de los bienes del deudor, asignando a los mismos el valor que la administración concursal, y no la entidad de crédito, determine, de forma que la concreción del precio de venta sea fiscalizado por el órgano jurisdiccional competente.

Resuelta la primera cuestión, relativa a la determinación del precio de los activos, la aprobación judicial de la propuesta de liquidación anticipada realizada por el deudor, en términos de dación en pago, permitirá al promotor maximizar la liquidación de su empresa dejando indemnes a los avalistas, siempre que el valor de los activos cubra las deudas que fueron garantizadas.

En caso de oposición de la entidad financiera a tal propuesta, el juez del concurso deberá ponderar todas las circunstancias del caso concreto para decidir sobre su aprobación, tales como la influencia de la propia entidad en la generación de la insolvencia de la empresa, su falta de apoyo a la continuidad empresarial de la sociedad concursada, la valoración concedida por la entidad a los activos de la deudora a lo largo del tiempo y no al momento de plantearse su adjudicación y, en definitiva, la mejor solución con una visión de conjunto sobre la satisfacción en las mejores condiciones a la pluralidad de acreedores de la sociedad deudora.

Por todo ello, considero que deben favorecerse, en sede concursal, los planes de liquidación tendentes a la adjudicación de activos a las entidades financiadoras de los mismos, por su innegable participación en su desarrollo y la hipocresía de pretender, en ese momento, posicionarse como un acreedor desconocedor de la actividad ejercida por el deudor, que reclama de buena fe su crédito, cuando lo cierto es que, en el ámbito inmobiliario, al menos, las entidades financieras han jugado un papel determinante en el desarrollo de negocio que debe hacerles partícipes, con todas las garantías procesales, de la comunidad de pérdidas que supone el concurso de acreedores.


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