Nace la Reforma de la Ley Concursal

27-09-2011 - Fernando González


Y por fin nació. Ya conocemos su texto. El pasado 4 de octubre, hemos visto en el Boletín Oficial de Las Cortes el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal. Los estudiosos de la Reforma ya habíamos tenido que hincar el codo con el Anteproyecto, así es que las sorpresas no han sido excesivas.

Siempre que una ley es reformada, conviene hacer un análisis de cuáles son sus motivos. En este caso, del preámbulo se extraen los mismos: El deterioro de la situación económica ha puesto de manifiesto el incumplimiento de los propósitos principales de la Ley, cual es la conservación de la de la actividad profesional o empresarial del concursado.

El hecho de que la mayoría de los concursos terminen en liquidación, y que dentro de la misma, no se satisfaga ni siquiera parcialmente el interés de los acreedores ordinarios, es la principal causa que invitó al legislador a promover la Reforma. Si la Reforma tiene básicamente por objetivo subsanar los defectos que contribuyan a la satisfacción de los acreedores ordinarios, un análisis crítico de dicha Reforma nos invita a plantearnos hasta qué punto se conseguirá el objetivo.

Las normas, por muy perfectas que sean, no son condición suficiente, pero sí necesaria, para que los objetivos, en este caso de la Ley Concursal, se cumplan. Tan importante como una buena norma es la actitud de los operadores por ella afectados (deudor concursado, administrador concursal, abogados y juez).

A este respecto, sucede que en nuestro país, la empresa insolvente acude excesivamente tarde a pedir protección judicial. Abundan los concursos sin masa; esto es, aquellos que no tienen ni siquiera para pagar los gastos del proceso. Es imposible que una norma, por muy perfecta que sea, pueda satisfacer al acreedor ordinario cuando al tiempo de llegar la empresa al concurso, no disponga ni siquiera para atender dichos gastos. Este es un buen ejemplo de que una norma por sí misma, no es condición suficiente para satisfacer el interés del concurso (el pago a los acreedores).

Además de exigir que el concursado inste a tiempo su concurso, se debe exigir que al resto de los operadores sean no solo profesionales, sino diligentes en sus funciones. Esto nos lleva a comentar la figura del Administrador Concursal en la nueva Reforma.

La Reforma debe ser aplaudida en cuanto a que se refuerzan los requisitos para ser nombrado Administrador Concursal, en términos de experiencia y formación específica para el desempeño del cargo, en aras de facilitar la valoración por el Juez del Concurso. Hasta ahora, la experiencia mínima exigida son 5 años a abogados o economistas, lo que en muchos casos resultaba insuficiente, ya que no se había adquirido la misma necesariamente en materia concursal. La Reforma permite que la persona jurídica pueda ser Administrador Concursal. Ello es loable en grandes concursos dado que en estos supuestos la figura del Administrador Concursal contará con una estructura y un equipo profesional amplio y multidisciplinar.

La anticipación de la liquidación y el refuerzo del régimen de los concursos conexos, al permitir que sean analizados bajo una misma óptica empresas afines, son otras novedades que mejora la Ley.

El impulso de los medios electrónicos será también muy bien recibido, esperando que a partir de ahora, no veamos en los pasillos de los juzgados los carros repletos de papel, que va y viene, sin encontrar en ocasiones destinatario que asimile tanto legajo.

Si de veras los institutos preconcursales pueden obviar que una compañía a través de acuerdos de refinanciación evite el concurso, bienvenido sea, aunque la reciente experiencia acumulada desde 2009 no invita a ser optimistas en exceso.

Para concluir, pienso que amen de no haber sido tratada la insolvencia familiar en esta Reforma, lo que debería hacerse, y no se ha hecho, es establecer la figura del mediador o árbitro en situaciones de insolvencia, ya que si la realidad ha demostrado que hasta la fecha en los concursos no cobran los acreedores ordinarios, ¿no sería preferible que soluciones extrajudiciales pudieran satisfacer, aunque fuera parcialmente, a dichos acreedores evitando largos procesos y altos peajes?


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