Responsabilidad de administradores en sede concursal

01-12-2014 - IURE Abogados


La responsabilidad de los administradores sociales en sede concursal viene fijada en el artículo 172bis de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal, el cual establece lo siguiente:

“Cuando la sección de calificación hubiera ido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit”.

En este sentido, la Ley Concursal prevé que, en caso de haberse producido la conclusión del concurso de acreedores, sin que de las operaciones de liquidación de la masa activa se hayan visto satisfechos la totalidad de los créditos de los acreedores, los administradores sociales de la concursada respondan con su patrimonio personal de los créditos no abonados a los acreedores en sede concursal, reintegrándose en la masa activa del concurso las cantidades obtenidas, y todo ello sin perjuicio de que durante la tramitación del concurso el juez pueda acordar, de oficio o a solicitud razonada de la Administración Concursal, como medida cautelar, el embargo de los bienes y derechos ex artículo 48ter.1 de la Ley Concursal.

De este modo, todos o algunos de los administradores sociales (de derecho o de hecho), y dejando al margen a los liquidadores y apoderados generales, los cuales también podrán resultar responsables, podrán ser condenados, total o parcialmente, a la cobertura del déficit, y siempre y cuando hayan sido declarados personas afectadas por la calificación en la Sentencia de calificación. Además, cabe mencionar que las personas que pudieran ser declaradas cómplices, por haber cooperado con el deudor en la culpabilidad del concurso, no podrán ser condenadas a la cobertura del déficit, puesto que la jurisprudencia viene entendiendo que no pueden encuadrarse en el concepto de personas afectadas por la calificación.

Asimismo, en caso de que exista una pluralidad de condenados, la Sentencia de calificación deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, atendiendo a su participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.

La responsabilidad prevista ex artículo 172bis de la Ley Concursal operará siempre que se produzca la apertura de la fase de liquidación o ésta resulte reabierta como consecuencia del incumplimiento de un convenio anteriormente aprobado. No obstante, en este último caso, y si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable al haberse aprobado un convenio con una quita igual o superior a un tercio de los créditos y una espera igual o superior a tres años, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso, tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la apertura.

Por otro lado, cabe afirmar que el juez del concurso ostenta una facultad moderadora, que deberá ejercitar motivadamente, al poder graduar la responsabilidad en la Sentencia de calificación. De este modo, la acordará por la totalidad o por parte del déficit concursal, atendiendo a diversos factores (gravedad de la conducta determinante del carácter culpable del concurso, nivel de participación de los administradores, etc.). Sin embargo, la mayoría de la jurisprudencia (vid. SAP Córdoba (Sección 3ª), núm. 150/2008, de 11 de julio; SAP Alicante (Sección 8ª), núm. 12/2009, de 13 de enero) considera que debe estar sujeta a rogación por parte de la Administración Concursal y del Ministerio Fiscal, no pudiendo ser impuesta de oficio por el Juez.

Además, corresponderá a la Administración Concursal la legitimación para solicitar la ejecución de condena, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo los acreedores en el plazo de un mes desde que hubieran requerido a la Administración Concursal, sin que ésta la hubiere solicitado.

Al margen de lo anterior, una vez declarado el concurso será competencia exclusiva de la Administración Concursal el ejercicio de acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores ex artículo 48quáter de la Ley Concursal, siendo el Juez del concurso el que deba conocer de dichas acciones. No obstante, la jurisprudencia viene entendiendo que el precepto anterior solo hace referencia a la acción social de responsabilidad, pudiendo ser ejercitada la acción individual de responsabilidad, así como la acción por incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad cuando concurre causa legal para ello (vid. SAP Córdoba (Sección 3ª), núm. 68/2008, de 3 de abril), aspecto que podría interferir gravemente con el carácter universal del procedimiento concursal.

En conclusión, la Ley Concursal establece la posibilidad de que los administradores societarios se vean obligados a pagar a los acreedores el importe de sus créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa, y todo ello con el principal objetivo de ver proteger los intereses de los acreedores que en su día depositaron su confianza en una sociedad que, posteriormente, incurrió en insolvencia culpable.

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