El precio de defraudar a la Seguridad Social

03-05-2012 - IURE Abogados


El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y Hacienda, estableciendo como objetivos prioritarios la averiguación de aquellas prácticas que supongan un abuso de las protecciones por desempleo, así como el fraude general a las prestaciones a la Seguridad Social y la reconducción de las situaciones de fraude en las bonificaciones e incentivos al empleo.

En este sentido, la Dirección General de la Policía ha señalado que durante 2011 se han realizado más de 500 investigaciones sobre fraudes a la Seguridad Social , obteniendo un balance de más de 129 millones estafados a dicho organismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, IURE Abogados detalla tres de los delitos y/o infracciones más frecuentes cometidos por los empresarios en relación con la Seguridad Social :

1 •  Incumplimiento reiterado de la obligación de cotizar a la Seguridad Social

La actuación del empresario podría pasar a ser considerada delito si la cantidad defraudada a consecuencia del impago reiterado de las cuotas a la Seguridad Social superase la cifra de 125.000 €. Esto, siempre y cuando, no se haya regularizado la situación ante tal organismo antes de la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras.

Para calcular la cifra anteriormente señalada se tendrán en cuenta no sólo las cantidades correspondientes a las cuotas que debieran ser ingresadas, sino también los recargos de mora, de apremio e intereses, puesto que, según señala el Tribunal Supremo, estos también “ configuran el daño ocasionado por el delito y, por tal razón, constituyen conceptos de recaudación conjunta, con relevancia para la determinación del límite que separa los hechos punibles de los que no lo son.”

Por otro lado, serán consideradas delito tanto las conductas activas, como las omisivas, es decir, serán castigados tanto aquellos empresarios que realizan maniobras de elusión o defraudación, como aquéllos que se limiten a no ingresar las cantidades adeudadas a la Seguridad Social.

Este tipo de ilícito penal conlleva penas de prisión de hasta cinco años para aquellos casos, por ejemplo, en los que la cuantía de lo defraudado sea de especial trascendencia y gravedad. Además de la pena de prisión, se establecerá una multa económica, la cual podrá ascender hasta seis veces el importe defraudado.

Si no se superan los 125.000 €, la conducta del empresario podría calificarse como una infracción administrativa, la cual lleva aparejada multas de hasta 10.000 € en su grado máximo. Asimismo, podrían perder las ayudas y bonificaciones derivadas de los programas de empleo desde la fecha en la que se cometió la infracción, no pudiendo optar a dichos beneficios por un período máximo de 2 años.

2 •  Falta de inscripción de los trabajadores en el régimen de la Seguridad Social

No dar de alta a los trabajadores que prestan servicios en una empresa o emplear a personas que perciben pensiones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena constituyen actividades sancionadas administrativamente.

En este sentido, se fijan multas de hasta 187.000 € para aquéllos que contraten a personas que perciben pensiones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena y sanciones de hasta 10.000 € para aquéllos que no den de alta a sus trabajadores o lo hagan una vez iniciada la actividad inspectora, considerándose una infracción por cada empleado.

3 •  Falseamiento de documentos para obtener subvenciones

Falsear las condiciones requeridas para la concesión de ayudas públicas de más de 125.000 €, u omitir aquellas que habrían impedido su adjudicación, podría ser castigado con penas de prisión de hasta cinco años y multas de seis veces el importe defraudado. Se establecen las mismas sanciones para aquellos empresarios que utilicen las ayudas proporcionadas para un fin distinto al subvencionado.

Además de la pena de prisión y la multa económica, los empresarios condenados por este tipo delictivo perderán su derecho a obtener ayudas y no podrán disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

Dos son los requisitos que establece el Código Penal: (i) la cantidad defraudada deberá ser estimada en el marco de un año natural; (ii) deberán tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la actividad privada subvencionable, pudiendo ser de distintas administraciones o entidades públicas.

Asimismo, en caso de que el empresario devolviese las cantidades recibidas antes de iniciarse el procedimiento de recaudación quedará exento de responsabilidad penal.

Si la cantidad objeto de subvención fuera inferior a los 125.000 €, el empresario se enfrentará a sanciones administrativas tal y como ocurría en el primero de los supuestos.

Por todo ello, resulta fundamental recibir
asesoramiento jurídico antes de, por ejemplo, solicitar subvenciones o contratar a trabajadores sin darlos de alta o cotizando por debajo de lo establecido legalmente, puesto que este tipo de actuaciones, utilizadas en ocasiones por los empresarios como medio de financiación ilegal , podría conllevar la insolvencia de la empresa ante la cuantía de las sanciones señaladas en párrafos anteriores.

En conclusión, en la coyuntura económica actual, en la que los empresarios necesitan reducir gastos y adaptar la estructura societaria a la demanda del mercado, parece imprescindible contar con el asesoramiento jurídico de profesionales especializados en reestructuración empresarial, evitando prácticas, no sólo ilegales, sino además de gran riesgo tanto para el administrador de aquéllas como para los propios trabajadores.

[Subir]

Más artículos de IURE Abogados