De la modificación de la Ley Concursal a cargo de la Ley de apoyo a los Emprendedores

27-10-2013 - Carlos Pavón


El día 18 de octubre de 2013 entró en vigor la reforma operada en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a cargo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en virtud de la previsión contenida en el apartado a de la disposición final decimotercera de dicha norma.

Con ello, ha venido a sumarse un nuevo procedimiento regulador de la insolvencia, si bien de corte extrajudicial, que la Ley denomina “Acuerdo extrajudicial de pagos”, aunque se viene aludiendo al mismo comúnmente como mediación concursal.

No obstante, antes de aproximarnos al estudio de este nuevo procedimiento, conviene destacar la importante modificación de los efectos de la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de su patrimonio. Así, la persona física declarada en concurso que haya logrado cubrir íntegramente sus créditos contra la masa (aquellos que se generan con posterioridad a su declaración en concurso), los créditos concursales privilegiados (en general, un porcentaje de los créditos tributarios, laborales y de Seguridad Social, así como los créditos dotados con garantía real) y, al menos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios (los que no tienen condición privilegiada ni subordinada, tales como recargos, multas o sanciones), obtendrá la remisión de las deudas insatisfechas.

Este importante efecto de la conclusión del concurso de la persona física por liquidación de su patrimonio, aún a pesar de las importantes limitaciones introducidas en la norma, vendrá a paliar, en cierta manera, el drama de la insolvencia perpetua de las personas naturales que puedan aspirar a ser declaradas en concurso fortuito (frente a la consideración de concurso culpable de aquellos que hayan generado o agravado intencionadamente su insolvencia, entre otras causas), siendo esta calificación presupuesto previo para alcanzar tal exoneración de deudas.

Junto a la anterior modificación, como ya hemos señalado, el Acuerdo extrajudicial de pagos o mediación concursal viene a configurar la novedad de la reforma operada por la Ley 14/2013 en materia concursal.

Con este procedimiento, de carácter voluntario, el deudor podrá solicitar la designación de un mediador concursal que facilite la negociación y, en su caso, aprobación de un Acuerdo extrajudicial de pagos entre aquél y sus acreedores.

Cabe decir que este procedimiento, al igual que el preconcurso configurado en el art. 5.bis de la Ley Concursal, supone un intento extrajudicial del deudor por evitar el inicio de un concurso de acreedores, si bien, a los efectos del preconcurso, que hace suyos la mediación concursal, vienen a añadirse otros como la prohibición de iniciación y la paralización de ejecuciones singulares contra el deudor, salvo las provenientes de acreedores con garantía real.

Ahora bien, las personas naturales deudoras que podrán acogerse a este procedimiento se encuentran limitadas a aquellas que ostenten la condición de empresarios, conforme a la legislación mercantil, quienes ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos.

En cuanto a las personas jurídicas únicamente se contemplan como limitaciones, amén de la obviedad de su estado de insolvencia, la previsión de que su eventual concurso no revestiría especial complejidad (según las disposiciones del art. 190 de la Ley Concursal), la disposición de activos líquidos para satisfacer los gastos propios del acuerdo y la posibilidad de éxito de un acuerdo de pago conforme a su patrimonio e ingresos previsibles.

Sentado lo anterior, el deudor inscribible en el Registro Mercantil solicitará a éste la designación de mediador concursal, mientras que el resto lo hará al notario de su domicilio.

Con ello se dará curso al procedimiento y se desplegarán los efectos inherentes a la iniciación del expediente, tales como la afección a las ejecuciones singulares, si bien habrá que esperar a la aceptación del cargo por el mediador y su puesta en comunicación del Juez competente para conocer de su eventual concurso para que despliegue sus efectos la mediación concursal en cuanto a la paralización de las solicitudes de concurso necesario que se presenten con posterioridad contra el deudor.

El mediador concursal, en su consideración de experto independiente y cuya remuneración se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del arancel de los administradores concursales, habrá de realizar las siguientes funciones:

Comprobación de la existencia y cuantía de los créditos en los diez siguientes a la aceptación del cargo
Convocatoria a los acreedores a una reunión conjunta dentro de los dos meses siguientes a la aceptación
Remisión a los acreedores, con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la reunión, de un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, con una espera máxima de tres años y una quita máxima del 25 por ciento del importe de los créditos
Recepción de las propuestas alternativas o proposiciones de modificación enviadas por los acreedores, dentro de los diez días naturales siguientes al envío de la propuesta anterior
Remisión a los acreedores del plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor       
Celebración de la reunión y mediación entre el deudor y sus acreedores
En caso de alcanzarse un acuerdo, supervisión de su cumplimiento
En caso de no alcanzarse un acuerdo o producirse el incumplimiento del mismo, solicitar del Juez competente la declaración de concurso

Es importante destacar que dicho acuerdo extrajudicial no afectará a los créditos de derecho público. Asimismo, los créditos con garantía real sólo se verán afectados por aquél si así lo decidiesen los acreedores que ostenten su titularidad.

Para el resto de acreedores, la inasistencia a la reunión convocada por el mediador concursal, si no constara que hubieran manifestado con anterioridad su aprobación u oposición, verán calificados sus créditos como subordinados en caso de eventual concurso posterior del deudor como consecuencia del fracaso de la negociación.

El acuerdo será aceptado siempre que voten a favor del mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo (en caso de que el acuerdo contemple la cesión de bienes en pago de deudas se requerirá un 75 por ciento del pasivo, así como el voto favorable de los acreedores que ostenten garantía real sobre dichos bienes).

La frustración del acuerdo, su incumplimiento o su anulación conllevará la apertura del concurso del deudor, el cual recibirá el nombre de concurso consecutivo y, entre otras especialidades frente al concurso común, cabe destacar la designación del mediador como administrador concursal, salvo justa causa que lleve al Juez a nombrar a persona distinta, la apertura automática de la liquidación y la exoneración de las deudas no satisfechas en la liquidación, con excepción de las de Derecho público, siempre que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.

En conclusión, nos encontramos ante una importante reforma de la normativa concursal en el sentido de ahondar en la desjudicialización de la insolvencia iniciada en el año 2009, apostando por la introducción de la figura del mediador en el ámbito de la insolvencia como solución facilitadora en la consecución de acuerdos entre el deudor y sus acreedores. La previsión de que el propio mediador pueda ser designado administrador concursal del concurso consecutivo que suceda al proceso de mediación permitirá el incentivo a los acreedores de conocer, con anterioridad al concurso, las expectativas de recuperación de sus créditos en dicha alternativa, de suerte que el acuerdo extrajudicial se mostrará, previsiblemente, como la solución más satisfactoria.

Por último, reseñar la importancia de la inclusión en la norma concursal la remisión de las deudas insatisfechas en la liquidación del patrimonio del deudor persona física, si bien con las limitaciones antedichas, no obstante lo cual debe ser aplaudido este primer paso que permitirá la superación de ciertas insolvencias perpetuas de particulares venidos a peor fortuna.

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