Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral

12-02-2012 - Mª Auxiliadora Blázquez

En la reforma laboral del Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, las medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral, se refirieren esencialmente a la extinción del contrato.


La caracterización del despido colectivo, exigiéndose un expediente administrativo, se ha revelado contrario a la celeridad necesaria cuando se trata de acometer restructuraciones empresariales. Por ello, en dichos expedientes se mantenía una tendencia a alcanzar un acuerdo con los trabajadores en el periodo de consulta para así asegurar la autorización de la autoridad laboral. Sin embargo, ello se lograba en la mayoría de las ocasiones a costa de pagar a los trabajadores indemnizaciones superiores a las legales, desnaturalizándose de ese modo el periodo de consultas de los trabajadores, ya que las mismas deberían versar sobre la posibilidad de evitar dichos despidos colectivos o atenuar sus consecuencias.


Sobre la base de lo anterior, la principal medida es la supresión de la necesidad de autorización administrativa, si bien manteniendo el periodo de consultas (acorde así con el resto de países europeos).


En cuanto a la justificación de estos despidos se delimitan las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, entendiendo por causas económicas la disminución de ingresos en tres trimestres consecutivos; quedando de este modo el control judicial ceñido a la concurrencia de dichas causas.


Por otro lado, se refuerzan los elementos sociales que deben acompañar estos despidos, incentivando prioridad de permanencia ante la decisión de estos despidos de terminados trabajadores como aquellos que tengan cargas familiares, los mayores de cierta edad o personas con discapacidad. Además en los despidos que superen los 100 trabajadores, se contempla la obligación del empresario de ofrecer un plan de recolocación externa.


Del mismo modo, de cara a acercarnos al resto de países europeos, disminuir el coste del despido. En aras a lo anterior, la anterior indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, se reduce a 33 días por año de servicio con un tope de 24 mensualidades prevista para los contratos de fomento de la contratación indefinida.


Dicha indemnización se aplicará a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la reforma, para el caso de los contratos anteriores la indemnización seguirá calculándose con las reglas anteriores, si bien solo respecto a los servicios prestados antes de la reforma.


Junto a estas normas relativas a la extinción del contrato de trabajo, se introducen otras en relación a los salarios de tramitación, manteniéndose aplicables en el caso de readmisión del trabajador, bien por haber optado por ello el empresario en caso de despido improcedente, o bien por nulidad del mismo. En cambio, si el empresario opta por la indemnización, no deberán abonarse dichos salarios de tramitación pudiendo así el trabajador acceder a la prestación por desempleo desde el momento de extinción de la relación laboral.


En esta misma línea, se reforma el régimen jurídico del FOGASA, ciñendo su ámbito de actuación únicamente a las indemnizaciones por extinción de contratos indefinidos de empresas de menos de 25 trabajadores que no hayan sido declarados improcedentes.


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