La situación actual de los acreedores de Nueva Rumasa

23-04-2013 - IURE Abogados


Los acreedores de este entramado societario se encuentran ante, por un lado, un proceso mercantil en el que los concursos de acreedores de las diversas sociedades y la liquidez obtenida con la venta de sus activos marcan la posibilidad de recuperación de parte de sus inversiones y, por otro lado, un proceso penal por delito de estafa en el que, actualmente en fase de instrucción, tiene como objetivo averiguar el destino de los fondos obtenidos de las diversas emisiones de pagarés.

Los procesos concursales son procesos complejos y de larga duración en el tiempo en el que, en muchas ocasiones, la lentitud del mismo crea incertidumbre de recuperación de inversiones realizadas de buena fe por los acreedores. Estas sociedades del entramado de Nueva Rumasa , con una aparente actividad mercantil generadora de ingresos, han llegado a una situación de insolvencia tal, de manera que se han visto abocadas a la liquidación de sus activos. Esto implica que el administrador concursal va a actuar de vendedor y, con lo obtenido, irá pagando a los acreedores en función de la prelación de créditos establecida en la ley. Esto implica que existan pocas probabilidades de que alcance algo para los inversores en pagarés .

Incluso, aunque muchos de estos pagarés cuenten con avales de otras sociedades, éstas están vacías de patrimonio, teniendo como único activo participaciones de otras entidades del grupo cuyo valor, como consecuencia del proceso concursal, se ve reducido a 0.

¿Qué posibilidades de cobro quedan para estos acreedores engañados por Ruiz-Mateos? Las posibilidades de cobro dentro del proceso concursal residen en que se deriven responsabilidades patrimoniales a los administradores societarios de estas compañías en concurso de acreedores. Esto significa que se les condenaría por considerarse el concurso como culpable, al haber actuado con dolo en la generación de la insolvencia de la sociedad. Lo cual ocurre en estos procedimientos, en los que la familia Ruiz-Mateos se ha enriquecido con la ocultación de la salida de los fondos invertidos pos los acreedores.

¿Qué supondría esa responsabilidad patrimonial ? La familia Ruiz – Mateos con sus propios bienes, deberán hacer frente a todas aquellas deudas que dentro del concurso no queden saldadas.

El caso más reciente en el que la Administración Concursal ha solicitado esta responsabilidad patrimonial de los administradores societarios, ha sido dentro del procedimiento concursal seguido frente a Carcesa. En dicho proceso, se ha solicitado la declaración del Banco Etchevarría como cómplice de las diversas salidas de fondos en beneficio de la familia Ruiz-Mateos.

Para intentar justificar las diversas salidas de fondos de la sociedad, se intenta dar una apariencia jurídica de un contrato de crédito entre Carcesa y otras sociedades, bajo el cual pudiera aparentarse contable y jurídicamente que las salidas de fondos tenían una causa detrás que las protegiera. Si bien, esas salidas de fondos en efectivo han tenido, finalmente, un destino desconocido para la Administración Concursal, lo que conlleva apreciar una mala fe en la actuación de los administradores de Carcesa.

La administración concursal destaca en su informe que el destino de los fondos retirados de la cuenta bancaria abierta en el Banco Etchevarría sigue siendo desconocido, lo que ha conllevado un perjuicio de los acreedores de la concursada, conseguida por la colaboración necesaria de la entidad financiera, que ha incumplido de forma consciente y reiterada las normas bancarias exigibles a cualquier tipo de entidad bancaria, debiendo declarar a la Administración Tributaria cualquier movimiento superior a 100.000 euros.

Si dicha entidad hubiera actuado con la diligencia necesaria, debería haberse percatado de lo sospechoso de las operaciones fraccionadas para evitar el límite cuantitativo de 100.000, y su obligación de comunicarlo a la Agencia Tributaria, con la consecuente identificación del destino de los fondos.

Al margen de lo anterior, el procedimiento penal, impulsado de oficio por el Juez, está investigando todas esas salidas de fondos, requiriendo todas las pruebas necesarias para conocer su destino y de esta manera, acreditado el delito de estafa, condenar a la familia con una responsabilidad penal de prisión. No obstante, es un procedimiento largo, ya que mucha información se encuentra en países considerados fiscales en los que el acceso a la misma es complicado.

Es importante que los acreedores se encuentren bien asesorados en ambos procedimientos, ya que si los fondos se localizan por las actuaciones del proceso penal, sólo los acreedores que se hayan querellado contra esta familia (se hayan incorporado a la demanda de estafa ) conseguirían que se les tuviera en cuenta en cuanto a la devolución de lo invertido.

Igualmente en los procesos concursales, aquellos que estén personados y que su crédito aparezca en los diversos procedimientos concursales correctamente reconocido en los informes presentados al juzgado, serán los que en el caso de condena en responsabilidad patrimonial a los Ruiz Mateos, puedan ver posibilidades de cobro de sus pagarés.


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