El proceso concursal tras la ley de emprendedores

27-05-2013 - Carlos Pavón


La aprobación inminente por el Consejo de Ministros de la llamada “ley de emprendedores” traerá consigo una de las modificaciones más importantes hasta la fecha de nuestra normativa concursal, la cual presumiblemente aportará soluciones a uno de los dramas sociales de mayor calado operado en los últimos años: la insolvencia de por vida de las personas físicas.

Hasta ahora, los particulares que habían sido desposeídos de sus viviendas a través del cauce de las ejecuciones hipotecarias se encontraban con la persistencia de una deuda viva en su contra como consecuencia de la diferencia de valor entre el bien adjudicado por la entidad y el importe total de la deuda. Ello suponía que el deudor, además de perder su vivienda, mantuviera una deuda restante de por vida de imposible cumplimiento, al no tener capacidad de generar recursos suficientes para su satisfacción, deviniendo en situación de insolvencia de por vida.

En otros supuestos, muchos de los cierres empresariales producidos a consecuencia de la actual crisis económica han supuesto la insolvencia de por vida de las personas que avalaron parcialmente las deudas de la empresa, normalmente ante entidades financieras, al no poder hacer frente al importe impagado por tales empresas y ver lastrado su propio patrimonio personal en su condición de avalistas.

Supuestos como los anteriores, amén de otros en los que las personas físicas se veían impedidas de hacer frente al conjunto de sus obligaciones, no gozaban de protección legal en nuestra legislación, imperando la previsión del Código Civil por la que el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.

Atendida esta circunstancia, la inminente “ley de emprendedores” acogerá la posibilidad de extinguir las obligaciones contraídas por el deudor cuando éste sea declarado en concurso de acreedores y el mismo se calificado fortuito .

Es decir, hasta la fecha los concursos de acreedores (procesos reguladores de la insolvencia tanto para empresas como para particulares) no suponían ninguna ventaja para los particulares, toda vez que la declaración en concurso no exoneraba al deudor del pago íntegro de sus deudas. Así, tras la liquidación de todo su patrimonio, aún mantenían las deudas insatisfechas de por vida, por mor de la citada previsión del Código Civil.

Ello impedía que los particulares pudieran acceder a una nómina, generar ahorros, adquirir bienes, pues todo lo generado quedaría afecto al pago de la deuda viva (importe no cubierto en el proceso de ejecución hipotecaria, deudas empresariales avaladas personalmente, etc.).

La injusticia del sistema radicaba en el hecho de que el proceso regulador de la insolvencia (concurso de acreedores) no discriminaba al deudor de buena fe frente al deudor de mala fe, de suerte que resultaba indiferente que una persona se hubiera endeudado a sabiendas de que no cumpliría con sus compromisos frente al deudor que se habría encontrado en una situación de insolvencia no querida, provocada por causas ajenas (pérdida de empleo, cierre de la empresa a la que avalaba, etc.).

Con la reforma anuncia, la nueva normativa concursal viene a dar respuesta a esta situación injusta permitiendo al Juez del concurso, con la calificación fortuita del concurso, decretar precisamente esa exoneración de deudas al considerar la buena fe del deudor que se vio abocado a una situación de insolvencia no querida y acudió al proceso concursal para poner en conocimiento del Juzgado competente su situación.

Frente a la calificación fortuita del concurso, se alzarán los supuestos de calificación culpable, en los cuales el Juzgado determine que la situación de insolvencia fue ocasionada bien con intencionalidad o negligencia grave del deudor, entre otros motivos, lo que implicará el mantenimiento de las deudas insatisfechas por el deudor con cargo a todos sus bienes presentes y futuros.

Sin perjuicio de lo anterior, la citada “ley de emprendedores” acogerá una segunda medida importante de modificación de la actual legislación concursal, consistente en el desarrollo de la desjudicialización de la insolvencia a través del proceso de mediación concursal .

El colapso de los Juzgados competentes para la tramitación de los procesos concursales pronto puso de manifiesto la necesidad de extraer de los mismos, al menos parcialmente, la gestión de la insolvencia. Ello supuso la introducción en la normativa concursal de los denominados “preconcursos”, como mecanismos extrajudiciales para eliminar, en la práctica, el estado de insolvencia y eludir, con amparo legal, el concurso de acreedores.

Sin embargo, la dificultad práctica de sacar adelante un proceso de refinanciación o reestructuración de pasivo directamente entre el deudor y sus acreedores, ha llevado a incorporar la presente modificación, en virtud de la cual viene a introducirse en nuestro sistema concursal la figura del mediador concursal .

Esta modificación resultará operativa tanto para personas físicas como para personas jurídicas, con independencia de su tipo societario, cuyo pasivo no supere 5 millones de euros, en el caso de estas últimas, y consistirá en el nombramiento por el Registro Mercantil, a instancia del deudor, de un mediador concursal que liderará el proceso.

El principal beneficio de este procedimiento de mediación consistirá en la agilidad que supone la no intervención de un órgano judicial, de forma que el mediador concursal convocará a los acreedores del deudor a una reunión en un plazo máximo de 30 días, en la que se abordará un plan de pagos con quitas de hasta el 25% y esperas de hasta 3 años que permitan, en su caso, eludir el concurso de acreedores.

La figura del mediador fomentará las posibilidades de acuerdo entre las partes, atendidas sus habilidades para la negociación, la independencia frente al deudor y los acreedores, así como sus conocimientos del escenario alternativo concursal, todo lo cual conducirá a generar mayores expectativas en la conclusión de un posible acuerdo, toda vez que en el eventual concurso que se siguiera, en caso de no alcanzarse dicho acuerdo, sería el propio mediador quien ostentase la condición de administrador concursal. Esta circunstancia permitirá al mediador poner de manifiesto desde el inicio las expectativas de cobro de los acreedores en el eventual escenario concursal, favoreciendo con ello las posibilidades de acuerdo en el seno del proceso de mediación.

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