Antes y después de la legislación hipotecaria española tras la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo

16-05-2013 - Iure Abogados


Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado Sentencia en la que advierte de la falta de adaptación de la legislación hipotecaria española a la normativa europea de protección de consumidores.

El TJUE también pone de relieve igualmente el desequilibrio que existe en el sistema procesal español cuando entran en juego los intereses de las entidades financieras prestamistas en contraposición con los del consumidor. Así, los procedimientos iniciados por las entidades financieras gozan de una celeridad desproporcionada en comparación con los procedimientos declarativos a los que debe someterse cualquier consumidor en defensa de sus intereses. Este desequilibrio existente debe corregirse a juicio del Tribunal Europeo a la luz de la Directiva 93/12/CEE del Consejo.

Por otro lado, nuestra legislación en materia de ejecuciones hipotecarias ha favorecido tal desequilibrio en favor de las entidades financieras debido a la excesiva restricción de los motivos de suspensión de una ejecución. En este sentido, un deudor hipotecario únicamente puede alegar como motivo para oponerse a una ejecución alguno de los siguientes:

i) Extinción de la garantía o de la obligación garantizada (acompañando en tal caso la correspondiente certificación registral de cancelación de hipoteca)

ii)  Error en la determinación de la cantidad exigible

iii) Existencia de gravámenes anteriores acreditados mediante certificación registral

Debemos resaltar la insuficiencia de estos motivos de oposición establecidos en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dada la alta improbabilidad de adecuarse a los supuestos que plantea este precepto. Es decir, la práctica totalidad de supuestos en los que la ejecución es inminente no podrá hacer frente a la deuda para así dar cumplimiento al primer supuesto en el que se prevé la cancelación de la hipoteca y suspender así la ejecución.

Por otro lado, el porcentaje de probabilidades de que una entidad financiera actualmente incurra en algún error en la determinación de la cantidad exigible es igualmente residual.

Sin embargo, las entidades financieras sí gozan de la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución únicamente verificando que se ha producido el impago de una única cuota dando por vencida la totalidad de la deuda en ese momento. Esto otorga una velocidad al procedimiento de ejecución hipotecaria que relega al consumidor a una posición de desequilibrio manifiesto.

La legislación hipotecaria será en los próximos días modificada y adaptada a la normativa europea protectora de los consumidores. Uno de los puntos más importantes que puede sufrir modificaciones es el relativo a los supuestos en los que se podrá suspender la ejecución. Este es precisamente uno de los puntos objeto de crítica de nuestra legislación hipotecaria a los ojos del Tribunal de Justicia Europeo. Así, en caso de estar ante un contrato de préstamo hipotecario que contiene cláusulas abusivas, el Juez encargado de valorarlas debería tener la facultad de suspender la ejecución hipotecaria del inmueble objeto de ese contrato. Sin embargo, el Gobierno se plantea dos posibilidades en su proyecto de reforma que verá la luz próximamente. Una de ellas sería la posibilidad de que el Juez pueda suspender la ejecución y, una segunda posibilidad, consistente en que el Juez encargado de valorar las cláusulas abusivas no suspenda la ejecución pero sí tenga en cuenta éstas últimas de cara a fijar el importe de deuda pendiente, minorando la deuda inicial en el importe de eventuales indemnizaciones o intereses de demora abusivos. Ésta última posibilidad, entendemos que no respondería a las verdaderas necesidades reales de los consumidores ya que, una minoración de la deuda si finalmente el inmueble es ejecutado no aporta una verdadera solución.

Otras modificaciones que se pretende introducir podrían dar lugar al establecimiento de un límite máximo de tipo de interés de demora que podría oscilar entre el 11% y el 13%. Además, podría ampliarse el número de cuotas impagadas necesarias para que la entidad financiera inicie el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta tres.

Veremos las modificaciones que finalmente se introducen en la normativa hipotecaria española y si éstas responden a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, toda vez que se vislumbra con cada vez mayor claridad la negativa del Gobierno a introducir la dación en pago en nuestro sistema jurídico.

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