Responsabilidad concursal de los administradores por deudas sociales

25-09-2013 - Iure Abogados


La responsabilidad por deudas queda establecida en la Ley Concursal española 1 en el artículo 172. bis 2 LC. El mencionado precepto establece que cuando la sección de calificación hubiera sido formada […] el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores […] de derecho o de hecho, o apoderados generales […] a la cobertura, total o parcial, del déficit. 

Sobre la base del precepto legal debemos realizar una serie de precisiones con objeto de clarificar el contenido de lo dispuesto en el citado artículo.   

Así, ante la previsión de estar ante un patrimonio insuficiente para satisfacer a la totalidad de los acreedores y, encontrándonos en el marco de un concurso culpable, podrán ser condenados los representantes de la sociedad. Tal condena podrá alcanzar la totalidad o una parte del déficit patrimonial. En cuanto a la legitimación para solicitar la ejecución de la condena, ésta corresponderá a la administración concursal y, subsidiariamente, a los acreedores, una vez transcurrido un mes desde el requerimiento a aquella si que haya procedido a su ejercicio. Por último, el importe de la ejecución de la sentencia será integrado en la masa activa del concurso. 

El necesario voto particular a la STS [Sala 1ª] de 21 de mayo de 2012 

En aras a garantizar la seguridad jurídica establecida en el artículo 9.3 de la Constitución Española, debemos analizar el voto particular a la STS de 21 de mayo de 2012 en el que, de forma extensa y razonada, se sentaron criterios de aplicación práctica de la Ley Concursal en lo que a la naturaleza de la responsabilidad concursal se refiere. 

Las aportaciones más relevantes – desde mi modesto punto de vista, a los efectos del presente artículo – del voto particular del Magistrado Ignacio Sancho Gargallo ha sido las siguientes: 


•  La interpretación que realiza el Magistrado del artículo 172 bis LC. es de un marcado carácter literal y sistemático. 

Así, el presupuesto de aplicación del citado precepto es: concurso de la sociedad, apertura de la sección de calificación y calificación del concurso como culpable. 

•  El voto particular establece que las personas afectadas por la calificación son los administradores y liquidadores de hecho y de derecho, y apoderados generales, delimitando con ello el ámbito subjetivo del precepto legal. 

•  El Magistrado, en su voto particular, considera la calificación culpable del concurso como una condición necesaria pero no suficiente para la responsabilidad concursal. En palabras del propio Magistrado, si el juez puede condenar, es que también puede no condenar , el alusión a la necesaria consideración de un criterio de imputación claro que garantice la seguridad jurídica. 

Por tanto, se establece como criterio que la calificación culpable del concurso de una sociedad no conlleva automáticamente la condena a la cobertura del déficit. Esto es, si el concurso no se califica como culpable, no es posible condenar a la cobertura del déficit. Pero, aún existiendo tal calificación de culpabilidad, podría no existir responsabilidad concursal o, de existir, es posible que la misma integre la cobertura total o parcial del déficit concursal. 

Asimismo, debemos precisar que, estando ante un supuesto de pluralidad de administradores de hecho o de derecho, o apoderados generales de la sociedad concursada, la condena podrá afectar a todos o sólo a algunos y, además, dicha afección, podrá ser distribuida de manera desigual entre los condenados. 

•  El voto particular establece la exigencia como requisito imprescindible para la consideración de responsabilidad concursal, que se acredite la incidencia de la conducta de los administradores en la generación o agravación de la situación de insolvencia y en el déficit concursal. El Magistrado, en su voto particular, establece que el objeto de la condena, esto es, la cobertura total o parcial del déficit, es la consecuencia última y mediata de la generación o agravación de la insolvencia

Por ello, esta interpretación permite considerar que debe ponderarse, a efectos de condenar o no a la cobertura de déficit – y a la medida de esa cobertura – la incidencia que la conducta de los administradores, liquidadores o apoderados generales de la sociedad concursada haya tenido en la existencia y en la cuantía del déficit. 

En cuanto al déficit, mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo de este artículo, el Magistrado Sancho Gargallo establece que el mismo estará constituido por los créditos no satisfechos en la liquidación concursal. Esto supone que, hasta que no haya finalizado la liquidación concursal, no podrá determinarse cuál es el ámbito objetivo – determinación cuantitativa del déficit concursal – de la responsabilidad concursal declarada por el Juez. 

Por último, el voto particular establece que será la administración concursal la que determine la de los administradores sociales a la generación o agravación de la insolvencia, teniendo en cuenta que, una vez declarado el concurso de la sociedad, ha tenido acceso a toda la contabilidad y documentación del concursado, máxime después de haber elaborado el informe del artículo 74 LC. 

1Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
2Artículo añadido por art. único.99 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre.

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