La mediación se perfila como alternativa al periodo de consultas en los EREs

28-05-2012 - IURE Abogados


El período de consultas podría sustituirse por un procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa. De esta manera, trabajadores y empresarios podrían evitar acudir a los juzgados, adoptándose decisiones eficaces, inmediatas y más beneficiosas para las partes.

Con la Reforma Laboral, el empresario puede despedir sin necesidad de autorización administrativa previa, con lo que el período de consultas ha quedado, prácticamente, vacío de contenido. Se configura, para unos, como un trámite previo al despido, y para otros, como el paso anterior a la reclamación judicial.

La falta de entendimiento entre trabajadores y empresarios, así como las prerrogativas establecidas por la ley, son factores relevantes en la saturación de los juzgados. Resulta habitual que, tras el período de consultas, los trabajadores reclamen ante la jurisdicción social solicitando que su despido sea declarado improcedente al no concurrir las causas alegadas por el empresario.

Esta tendencia podría superarse con los procesos de mediación o arbitraje, ya que sería un tercero independiente, quien determinaría si concurren o no las causas de despido alegadas por el empresario, justificando la indemnización que corresponde al trabajador en su caso.

Esta referencia a la mediación y al arbitraje llega a la Reforma Laboral apenas tres meses después de que se aprobara el Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en cuya exposición de motivos se indica que “entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.”

No obstante lo anterior, en el actual contexto laboral, en el que el empresario goza de cierta “ libertad ” a la hora de despedir, puesto que, tal y como hemos expuesto, no se requiere autorización administrativa, el sometimiento a un tercero independiente podría ser valorado por aquél como una traba a sus prerrogativas.

Sin embargo, con la mediación o el arbitraje, la empresa no sólo daría un ejemplo de transparencia frente al trabajador, sino que además, en la medida que la decisión del tercero fuera vinculante, se evitarían las costosas reclamaciones judiciales.

En línea con la mediación, se pretende introducir modificaciones respecto a la función de la autoridad laboral, la cual, actualmente desempeña funciones de control del desarrollo del período de consultas y de remisión de documentación a la entidad gestora de prestaciones por desempleo.

Se indica que la autoridad laboral podrá realizar, siempre que lo soliciten las partes conjuntamente, funciones de mediación durante el período de consultas. Asimismo, podrá asistir al empresario o al trabajador a solicitud de uno de ellos o por propia iniciativa.

En relación con lo anterior, debe recordarse que antes de la Reforma, la autorización otorgada por la autoridad laboral condicionaba el período de consultas, desvirtuándolo y generando una tendencia entre los empresarios a reconocer indemnizaciones por encima de lo legalmente establecido; se acudía al denominado “despido exprés” .

En parte, esta tendencia se debía a la cercanía que existía entre la autoridad laboral y los trabajadores, por ello, cuando durante el período de consultas no se alcanzaba un acuerdo con los empleados, conseguir la autorización administrativa necesaria para extinguir los contratos laborales suponía prácticamente una misión imposible.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, dudamos que en la práctica el empresario acepte someterse, de nuevo, a los dictados de la autoridad laboral, máxime si su labor sigue siendo tan garantista para los trabajadores como en el pasado.

Por todo lo anterior, IURE Abogados valora positivamente la sustitución del período de consultas por un proceso de mediación o arbitraje, en el que un tercero independiente analice la situación de la compañía, así como las posibilidades económicas en cuanto a la indemnización que se pondría a disposición de los trabajadores afectados, dictando soluciones que eviten la intervención judicial.

Sin embargo, no merece igual opinión la intervención de la autoridad laboral como mediador entre trabajadores y empresarios, no sólo porque consideramos que sería una vuelta a las funciones originarias de la administración, sino también porque entendemos que serán pocas las compañías que se sometan a la jurisdicción de un órgano tan cercano a la postura de los empleados.

   

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