La Insolvencia Familiar | El Concurso de Persona Física

23-02-2012 - IURE Abogados


Nada ha cambiado referente al concurso de personas físicas la aprobación de la reforma de la Ley Concursal. A día de hoy, el concurso sigue estando pensado únicamente para las personas jurídicas o para las personas físicas con actividad empresarial, sin embargo en modo alguno soluciona el problema de la persona física o unidad familiar si no se consigue un convenio respecto a la reestructuración de la deuda. Es por ello que si no se aprueba el citado convenio, se acudirá necesariamente a una liquidación, que es lo mismo que decir que siguen vigentes y vivas la totalidad de las deudas que pesaban sobre el patrimonio de la persona física o unidad familiar, lo cual es unánimemente criticado por toda la doctrina.

Por ejemplo, una persona física que ha perdido su empleo y que tiene una hipoteca que no puede pagar, una serie de cuotas impagadas de un seguro médico, y un préstamo personal que en su día se formalizó por un importe no muy elevado para la adquisición de un vehículo, y acude a un concurso de persona física,en el caso de que el convenio que se formule con quita y espera para los acreedores no sea aprobado por más del 50% de tales acreedores, dicha persona física se verá abocada irremediablemente a una liquidación, y el concurso no habrá solucionado en modo alguno sus problemas, quedando vinculado toda su vida al pago de la totalidad de sus deudas.

No obstante, y en contra de lo expuesto anteriormente, se han pronunciado algunos Juzgados haciendo una interpretación de la Ley que nada tiene que ver con lo manifestado en el párrafo anterior. En dicho sentido, el Auto dictado por el magistrado José María Fernández Seijo del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona referente al concurso voluntario instado por una pareja de pensionistas que es declarado como fortuito señala al referirse a los concursados: “son deudores de buena fe, accidentales que se han visto abocados a una situación no deseada de insolvencia definitiva que no puede ser penalizada ni con la conversión del concurso en un purgatorio ni en un continuo retornar de ahí que se opte por la interpretación del artículo 178.2 de la ley Concursal que permita cancelar o extinguir todo el crédito concursal que no haya sido satisfecho con cargo a la masa activa del concurso, extinción que no afecta a los créditos que hubieran nacido tras la declaración del concurso ..”. Por otra parte dice que “ésta interpretación conecta así como el objetivo, de lege ferenda, de dar una salida razonable a las situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe habilitando mecanismos que permitan conceder a estos deudores una segunda oportunidad que no les aboque a situación de exclusión social” .

Con la idea de ofrecer un cambio a dicha situación, la Disposición Adicional Única de la Ley impone al Gobierno la obligación de remitir a las Cortes Generales en el plazo de seis meses un informe sobre la aplicación y los efectos de conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades, para satisfacer sus obligaciones y especialmente las garantizadas con hipoteca.

Indica la referida disposición adicional que se podrán proponer opciones de solución extrajudiciales tanto de carácter notarial registral, mediación o de otra naturaleza.

Sin embargo, hasta que se haga efectivo lo dispuesto en dicha disposición adicional, la situación referente al concurso de persona física continúa tal cual estaba, sin novedad destacable alguna.

Por otra parte, el grupo parlamentario catalán en el Senado de Convergència i Unió, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formuló una enmienda de adición a la Disposición Adicional Nueve a la Ley 38/2011, de 10 de octubre de reforma de la Ley 22/2003, que no ha prosperado. La referida enmienda proponía una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil titulada “procedimiento notarial destinado a la liquidación patrimonial por sobreendeudamiento de las personas naturales”. C on dicha enmienda se pretendía establecer un procedimiento que podrían iniciar las personas físicas o los cónyuges que se encontrasen en una situación de sobreendeudamiento. El procedimiento pretendía desjudicializarse, iniciándose éste ante Notario, al que debía presentar una serie de documentación, consistente fundamentalmente en una descripción de todo el activo patrimonial de bienes, derechos o cualquier titularidad registrable, así como las deudas y acreedores, y una propuesta para el pago de las deudas. Dicho procedimiento debía contar con un letrado colegiado que se ocuparía de la negociación.

Desde IURE Abogados consideramos que si “viese la luz” el proyecto de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, quizás podría encontrarse una solución para que el insolvente persona física, pudiese de algún modo “reorganizar su situación financiera”. Evidentemente que entendemos que “al insolvente se le debe castigar”, pero hay situaciones de insolvencia en el estado actual que son producto de la situación de crisis que vivimos y que unidos a la falta de trabajo, son muchos los que se encuentran en una situación de insolvencia fortuita que la Ley debe a través de algún mecanismo amparar en la medida de lo posible, al igual que ampara al profesional que se ve abocado a una situación de insolvencia.
 


Video | Concurso acreedores persona fisica



¿Cómo influye la Reforma Concursal en los concursos de personas físicas?

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