¿Hasta dónde llega la responsabilidad del administrador en el concurso? Incertidumbre de la calificación culpable

24-11-2010 - IURE Abogados

La figura del administrador social en la normativa española se encuentra sujeta a un régimen de responsabilidad cuanto menos severo, con una pluralidad de normativas que imponen regímenes de responsabilidad solidaria y/o subsidiaria: normativa societaria, tributaria, de seguridad social e incluso en el código penal.

Actualmente, la responsabilidad de los administradores se manifiesta con mayor intensidad en sede concursal, pues a la responsabilidad mercantil se le añade con plena compatibilidad la prevista en la normativa concursal.

El problema que se plantea en sede concursal es que se incorpora la posibilidad de sancionar (supuestos en los que la responsabilidad de los administradores afecta a su patrimonio personal ex Art. 172.3 LC) a los administradores con el pago de los créditos que los acreedores no cobren en la liquidación de la sociedad concursada (únicamente en determinados supuestos) y ello se regula con una terminología confusa que provoca diferentes interpretaciones judiciales, creando situaciones desiguales para supuestos semejantes.

No es de recibo que el artículo de la Ley Concursal relativo a los pronunciamientos sobre la culpabilidad en el concurso contenga los términos “ podrá, además, condenar a los administradores (…) total o parcialmente ”. Tales conceptos dan lugar a sentencias como la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28), numero 206/2010, en la cual, bajo la confusa terminología utilizada en la Ley Concursal, se exonera del pago de determinados créditos a los administradores en un concurso calificado culpable por los supuestos más graves (incumplimientos sustanciales en la llevanza de la contabilidad) y ello con motivo de que la generación de determinados créditos, los laborales, no le son imputables a los administradores al haber procedido diligentemente respecto a éstos.

Únicamente podemos esperar que la confusión e inseguridad generada en estos casos dé lugar a pronunciamientos del Tribunal Supremo que permitan superar la inseguridad jurídica de la que adolece dicha materia. No obstante, el devenir legislativo podrá descontextualizar los pronunciamientos del alto tribunal, pues la joven Ley Concursal hace poco más de un año fue objeto de reforma y se prevé, con carácter inminente, otra que, en principio, será de mayor calado.

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