Los fueros territoriales: en qué casos se rompe la autonomía de la voluntad de las partes

08-01-2014 - Carlos Pavón


La premisa en virtud de la cual las partes de un procedimiento judicial pueden disponer acerca del fuero territorial que determinará qué Juzgados y Tribunales resultarán competentes para conocer del asunto que se dirime entre ambas, se incardina en la consagración del principio de autonomía de la voluntad de las partes como instituto rector de la configuración entre las propias partes de las vicisitudes que han de regir su relación jurídico-privada.

Así, el artículo. 1.255 del Código Civil dispone: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”

Es habitual, en la práctica, encontrar un clausulado específico en algunos contratos relativo al fuero, esto es, el sometimiento voluntario de las partes contratantes al conocimiento de cualquier controversia nacida del referido contrato a un concreto Juzgado o Tribunal. Más aún, en ocasiones el pacto puede ir más allá, en el sentido de restringir del ámbito jurisdiccional su resolución, optando por procedimientos alternativos a la esfera judicial como el arbitraje y la mediación.

Centrándonos en el estudio de la incidencia del principio de la autonomía de la voluntad de las partes en el ámbito de la competencia territorial de los Juzgados y Tribunales, conviene distinguir los órdenes jurisdiccionales en los que tal disposición resulta procedente frente a aquellos en los que no es posible.

Así, el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dispone: “(…) Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. (…) Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. (…) Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. (…) Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.”

Por tanto, podemos deducir de lo anterior la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de los siguientes órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social.

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