Registro Público Concursal

17-03-2014 - Carmen Querol

Recientemente, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el nuevo régimen del Registro Público Concursal cuyo contenido se plasma en el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, siendo su entrada en vigor el 3 de marzo del 2014.

La utilidad de este registro responde, gracias a la publicidad de los concursos de acreedores, a revelar y difundir de forma completa y coordinada lo referente al pronunciamiento del juez reflejado en el auto de declaración del concurso, siendo por tanto toda esa información accesible a toda persona interesada en conocer los detalles particulares de la concursada, como por ejemplo, los  acreedores de la misma, la Administración de Justicia o un tercero. Por otro lado, resultado de la transparencia y fruto de tal publicidad, se posibilita tomar consciencia de las resoluciones aprobadas a lo largo del procedimiento concursal y de las anotaciones que puedan ser practicadas en los múltiples registros públicos jurídicos de personas y bienes.

Asimismo, a través del uso de este instrumento se garantiza la coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los diferentes registros públicos, ya que cumpliría con el principio de unidad de información, haciendo que confluyan y concurran diversas circunstancias relevantes y significativas en relación al mismo concurso como pueden ser resoluciones concursales ya emitidas anteriormente, la apertura de negociaciones que procuren lograr acuerdos extrajudiciales efectivos, además de los asientos registrales que puedan practicarse en relación al concurso. Una mejora de este mecanismo es que esta publicidad se difunda a través de Internet, permitiendo y facilitando el acceso a esta información concursal.

Por lo que respecta a su estructura, obedece a la disposición 198 de la Ley Concursal en donde rigen tres secciones. La primera de ellas da publicidad a las resoluciones procesales emitidas a lo largo del proceso concursal, bien a las que deban darse publicidad conforme a lo establecido en la Ley o bien hayan sido autorizadas por un juez de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley Concursal. 

En la segunda sección figuran las resoluciones registrales anotadas en los diferentes registros públicos, además de las que declaren la culpabilidad del concursado y los nombren o inhabiliten a los administradores concursales.

Por último, la última sección hace referencia a los acuerdos extrajudiciales en tanto que perfila lo relativo a la iniciación y finalización de los procedimientos para alcanzar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y las previsiones de publicidad edictal del proceso de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación.

Por todo ello, esta herramienta promete proporcionar una mayor seguridad jurídica y agilidad procesal para el tráfico jurídico con motivo de la interconexión que pueda existir con otras situaciones concursales con las que pueda guardar relación, pudiendo ocurrir o acaecer dicha concordancia con otros Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea.

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