Acerca de la coordinación procesal del concurso de grupo de sociedades

25-06-2013 - Iure Abogados

Los concursos conexos de sociedades están regulados en la Ley 22/2003 Concursal, de 9 de julio, en sus artículos 25 y siguientes. Concretamente, y siguiendo el criterio de una parte de la doctrina, dicha acumulación de concursos se da a través de dos vías: la declaración conjunta de concursos – ab initio – que establece el artículo 25 Ley Concursal y la acumulación de concursos ya declarados – ex post – establecida en el artículo 25 bis Ley Concursal . Esta diferenciación da lugar a la consideración de dos tipos de acumulaciones: la acumulación de acciones que se produce a través del artículo 25 Ley Concursal y la acumulación de procesos que establece el artículo 25 bis Ley Concursal .

No obstante, esta diferenciación que establece la normativa concursal no tiene repercusión en el ámbito procesal ya que, tanto en un caso como en otro, los efectos procesales son idénticos. Tales efectos procesales son: no existe unificación de las masas patrimoniales, sino únicamente la coordinación de los procesos concursales. Por tanto, no se produce la configuración de una masa activa o pasiva única.

En cualquier caso, la acumulación deberá contar con fundamentos que justifiquen que la acumulación de concursos se produce con el fin de aprovechar una funcionalidad sustantiva relevante. Es decir, no es suficiente la existencia de un grupo de empresas para, automáticamente, acumular los concursos. En concreto, se requiere que la acumulación produzca en alguna de las partes – acreedoras o concursado – un beneficio que no podría obtenerse sin la acumulación de los procesos.

Entre las ventajas que puede ofrecer la acumulación de concursos de sociedades que pertenecen a un mismo grupo de empresas encontramos el acrecentamiento de la masa activa o la posibilidad de, a través de las acciones de reintegración en el seno del grupo o de las acciones de responsabilidad concursal, revelar la identidad de las personas responsables de la situación de insolvencia de la sociedad. Por otro lado, el deudor puede beneficiarse si la acumulación de los procesos produce una ventaja a la hora de continuar con la actividad del grupo a pesar de la situación de concurso por la que atraviesen determinadas empresas del grupo. Tanto si la intención es lograr un convenio de acreedores como si es la realización de los activos en sede de liquidación, la unificación de los concursos reportará importantes ventajas relacionadas con la coordinación de ambas opciones.

La acumulación de concursos puede resultar beneficioso de cara a la obtención de información de las relaciones intragrupo de cada una de las sociedades que forman parte del grupo de empresas. Tal información puede resultar trascendental a la hora de determinar la responsabilidad de la situación de insolvencia.

Asimismo, la coordinación procesal de la insolvencia de los grupos de sociedades tiene una consecuencia directa: el aumento de la eficiencia de las actuaciones en sede concursal y una considerable reducción de los gastos contra la masa. Todo ello, favorece en cierta medida la satisfacción de los créditos o, al menos, parte de ellos.

La identidad de un único administrador concursal, lejos de producir efectos perjudiciales para las partes, puede aportar una visión conjunta del grupo y, a través de su informe, revelar información relevante acerca de los responsables de la insolvencia, la viabilidad del grupo en su conjunto y la situación económico-financiera de cada una de las concursadas pertenecientes al grupo.

A modo de conclusión, resulta muy aconsejable la coordinación de concursos a través de un único administrador concursal que pueda evaluar cada una de las operaciones vinculadas que han llevado a cabo las empresas del grupo mediante el análisis conjunto de los estados contables de todas las sociedades del grupo – concursadas o no – unido a los importantes beneficios de contar con una única persona que coordine las eventuales propuestas de convenio o la ordenada liquidación de todas las sociedades. Por último, la unidad de administración concursal puede resultar ventajosa a la hora de potenciar la resolución no contenciosa de las acciones rescisorias que puedan plantearse entre sociedades del grupo. En este punto, la Ley Concursal no ha obviado la posibilidad de que el administrador concursal – de un grupo de sociedades en nuestro caso – no atienda de manera diligente las advertencias hechas por los acreedores en relación con actos perjudiciales contra la masa activa en el seno del grupo de sociedades. Ante esto, los acreedores estarán legitimados para ejercer las acciones rescisorias que estimen procedentes. Para ello, deberá haber sido solicitado por escrito a la administración concursal el inicio de tal acción rescisoria y, transcurridos dos meses desde la solicitud, el administrador concursal sin fundamento no haya dado curso a tal solicitud de inicio de acción rescisoria – art. 71.2 Ley Concursal –. No obstante, debemos precisar que, la legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de acciones rescisorias de actos perjudiciales de la masa activa, no resulta de aplicación a los acuerdos de refinanciación previstos en el artículo 71.6 Ley Concursal.

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