La contabilidad del empresario y el codigo penal

25-11-2013 - María Jesús Puga


El empresario tiene obligación legal de llevar la contabilidad de su empresa, según establece la legislación mercantil. La no llevanza de la contabilidad puede tener consecuencias legales a nivel mercantil o civil, siendo las más graves el cierre de la página del Registro, y en el procedimiento concursal puede ser causa objetiva para calificar el concurso como culpable, calificación que daría lugar a que el administrador respondiera con sus bienes de las deudas de la empresa. 

Muchos empresarios desconocen que en el Código Penal se regulan delitos que castigan al empresario que incumplen con su obligación de llevar la contabilidad de su empresa. En concreto: 

El artículo 261 del Código Penal, castiga al que en el procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. 

En estos casos es necesario que la empresa haya sido declarada en concurso de acreedores con carácter previo. 

Por su parte, el artículo 290 del Código Penal castiga, en el marco de los delitos societarios, al administrador que falseare las cuentas anuales, u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, o a alguno de sus socios, o a un tercero, pudiendo aplicarle una pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Pero además, si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. 

Los casos concretos en los que sería aplicable este artículo serían los siguientes: 

    •  El falseamiento mediante omisión de asientos que reflejan operaciones que se han realizado. 

    •  Las irregularidades contables siempre que se realicen con la intención de engañar, y no se trate de una simple discordancia entre aplicar un criterio contable u otro. A este respecto se debe tener en cuenta lo recogido en los artículos 24 y siguientes del Código de Comercio, así como el RD 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

    •  Falsificación de cualquier otro documento que tenga que deba reflejar la situación jurídica o económica de la entidad.

Finalmente, el artículo 310 del Código Penal, también, castiga en el marco de los delitos contra Hacienda al administrador que no lleve la contabilidad de su empresa. 

El delito contable regulado en el artículo 310 del Código Penal, está vinculado a los delitos tributarios contemplados en los artículos 305 a 309 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, el delito descrito en el artículo 290 del Código Penal es aplicable de manera autónoma. 

Todas las empresas tienen obligación legal de llevar la contabilidad, y de publicar sus cuentas anuales, no sólo a fin de transmitir a terceros contratantes la imagen fiel de la empresa, sino también para poder determinar la deuda tributaria a pagar. 

Teniendo en cuenta por tanto este fin fiscalizador, la no llevanza de la contabilidad por parte de una empresa puede suponer un grave perjuicio para las arcas públicas a la hora de calcular la cuota tributaria. 

Lo normal es que el empresario no lleve correctamente la contabilidad de la empresa a fin de poder justificar más fácilmente la defraudación tributaria. En estos casos, si se llegara a materializar la defraudación el delito contra hacienda absorbe el delito contable, de modo que sólo sería sancionado por el primero. 

Por el contrario, esto implica que en los casos en que no fuera aplicable el delito contra Hacienda, residualmente podría serle de aplicación al empresario que no haya llevado la contabilidad de su empresa una sanción penal, por el delito regulado en el artículo 310 del Código Penal.

Todo ello sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda aplicar al caso concreto por la acción defraudatoria cometida.

En conclusión, la llevanza de la contabilidad de la empresa es una obligación del empresario, cuyo incumplimiento podría en algunos casos ser considerado delictivo, pudiendo imponer al empesario una pena de prisión. 

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