Concurso de Persona Física

08-10-2012 - IURE Abogados


Con la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal se introdujo en la disposición adicional única la futura regulación del concurso de las personas físicas. En este sentido, la citada disposición adicional establecía lo siguiente:

“El Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses, un informe sobre la aplicación y los efectos del conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encuentran en dificultades para satisfacer sus obligaciones, y especialmente las garantizadas con hipoteca.

Dicho informe incluirá la posible adopción de otras medidas, tanto sustantivas como procedimentales que, a través de las oportunas iniciativas, completen la protección económica y social de consumidores y familias. A tal efecto, podrán proponerse opciones de solución extrajudicial para estos casos, sean de carácter notarial o registral, de mediación, o de otra naturaleza”.

No obstante, y pese a intentar introducir una regulación tendente a solucionar el problema del sobreendeudamiento que padecen innumerables familias españolas, podemos afirmar que el concurso de acreedores sigue pensado únicamente para las personas jurídicas.

En este sentido, y a diferencia del concurso de acreedores de persona jurídica, las personas físicas responderán con todo su patrimonio de las deudas que no se hayan cubierto con las operaciones de liquidación. Todo ello viene amparado en lo predispuesto en el artículo 1911 del Código Civil, el cual establece que   “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

Además, debemos mencionar que ningún interés tendrán los acreedores en que se apruebe un convenio en el concurso de acreedores de persona física, si con la liquidación el deudor va a responder de forma ilimitada en el tiempo de las deudas no satisfechas a aquéllos.

Asimismo, el concurso de acreedores de persona física lleva aparejados otros inconvenientes, como pueden ser gastos del procedimiento (ej. honorarios de la Administración Concursal , abogado, procurador), tramitación con lentitud debido a la saturación de los Juzgados, imposibilidad de paralización de la ejecución hipotecaria (salvo que la vivienda se encuentra afecta a la actividad profesional o empresarial del deudor), etc.

Por otro lado, señalar que numerosos autores han propuesto la posibilidad de regular la dación en pago para los acreedores con garantía real (entidades bancarias), y todo ello con el principal objetivo de que el deudor vea extinguidas sus deudas tras la liquidación de sus bienes. De este modo, se lograría evitar que los acreedores con garantía hipotecaria pudieran continuar ejecutando los restantes bienes y derechos del deudor cuando, una vez ejecutada la hipoteca, la venta del bien no satisficiera la totalidad de la deuda.

En conclusión, en la actualidad urge la aprobación del Informe estipulado en la Disposición adicional única de la Ley 38/2011 , mediante el cual se adopten medidas tendentes a proteger la situación de insolvencia de las familias españolas y, en consecuencia, se instaure una regulación detallada del concurso de acreedores de persona física, tal y como ostentan otros países miembros de la Unión Europea.


Video | Concurso acreedores persona fisica



¿Cómo influye la Reforma Concursal en los concursos de personas físicas?

Más artículos de IURE Abogados