Las medidas cautelares en el concurso de acreedores

11-04-2013 - IURE Abogados


El artículo 17 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) predica la posibilidad de adoptar medidas cautelares con anterioridad a la declaración del concurso de acreedores, y todo con ello con el principal objetivo de salvaguardar la integridad del patrimonio del deudor.

A tal efecto, se debe destacar que la adopción de las medidas cautelares solo procederá cuando un acreedor inste el concurso necesario de su deudora, sin que en ningún momento quepa su adopción en caso de concurso voluntario. De este modo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 5ª), auto núm. 18/2012, de 4 de febrero, establece que el precepto normativo veda la posibilidad de que se adopten medidas cautelares cuando la solicitud de concurso la inste la propia mercantil deudora. No obstante, la referida Sentencia realiza una crítica a dicha prohibición legal, al entender que la finalidad de las mismas es velar por la conservación del patrimonio del deudor hasta que la administración concursal tome posesión de su cargo, y todo ello con independencia que quien sea el promotor de la solicitud de dichas medidas.

De esta manera, la solicitud de medidas cautelares deberá hacerse al instar el concurso necesario del deudor, siendo potestad facultativa del juez la adopción en el momento de su admisión a trámite. No obstante, debemos hacer referencia al Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao, nº 598/2008, de 17 de noviembre, el cual acuerda la posibilidad de solicitarlas con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud de concurso necesario, puesto que entiende que la demora que se produce desde el emplazamiento a la vista en que se sustancia la oposición ocasiona un riesgo para a integridad del patrimonio del deudor.

En cuanto a la finalidad de las medidas cautelares indicar que consiste en asegurar la integridad del patrimonio del deudor, aunque sea de forma provisional, esto es, hasta que se declare el concurso de acreedores. Por ello, el precepto normativo en su apartado tercero dispone que el juez se pronunciará de nuevo sobre la eficacia de dicha medida, una vez sea declarado el concurso o desestimada la solicitud.

Asimismo, y puesto que el artículo 17 de la LC remite a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), se debe señalar que para decretar las medidas cautelares es necesario que se cumplan los requisitos exigidos en esta normativa, es decir, “fumus bonis iuris” (art. 728.2 LEC), “periculum in mora”(728.1 LEC) y prestación de caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pueda causar al patrimonio de la parte contraria (art. 728.3 LEC).

Aunque el artículo 17 de la LC no detalla las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar, la jurisprudencia, y más concretamente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección 5ª), auto núm. 116/2008, de 16 de septiembre, dispone que las medidas más adecuadas para asegurar la integridad del patrimonio del deudor son las siguientes: embargo preventivo de bienes (art. 727.1ª LEC) y el depósito (art. 727.3ª LEC), aunque no pueden descartarse otras como la intervención o administración judiciales (art. 727. 2ª LEC) o la formación de inventarios de bienes (art.727.4ª LEC).

En conclusión, la adopción de medidas cautelares por el juez tiene como finalidad el aseguramiento del patrimonio del deudor que podría ser declarado en concurso, evitando su desaparición, disminución o malbaratamiento, así como la evitación de tener que acudir a acciones de reintegración o rescisión, y siempre en interés de los acreedores.


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