Calificación del Deudor en el Concurso de Acreedores y su Deber de Colaboración

29-03-2013 - IURE Abogados


MADRID, 09 de MARZO de 2013 - LAWYERPRESS
Por Marta Arnal Frisas, Abogada en IURE Abogados



El artículo 165.2º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) predica la importancia de colaboración por parte del deudor o de sus representantes legales con el juez del concurso y la administración concursal durante el desarrollo del procedimiento concursal, y todo ello de cara a evitar una calificación de concurso culpable. A tal efecto, el citado precepto establece lo siguiente: "Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores".

De este modo, se prevén tres tipos de comportamientos por parte de las personas referidas: "incumplir el deber de colaboración, no facilitar información o no asistir a la junta de acreedores", los cuales desplegarán sus efectos sobre la propia entidad concursada, por ser ella a la que se le imputa la actuación de sus representantes.

En cuanto a la falta del deber de colaboración, se deriva de la infracción del deber estipulado en el artículo 42.1 de la LC, el cual viene a citar lo que a continuación se detalla: "el deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso. Cuando el deudor sea persona jurídica, estos deberes incumbirán a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso".

Así, la infracción del deber de colaboración debe ir referida a la falta de entrega de información, tanto la necesaria para la tramitación del concurso, como la meramente conveniente para tal finalidad, siempre y cuando tenga alguna entidad [SAP Baleares (Sección 5), nº 109/2012, de 7 de marzo]. En este sentido, y según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, nº 172/2012, de 3 de abril, se debe estar ante un "incumplimiento trascendente, proporcionado con el efecto que de él se desprende, pudiéndose adjetivar de reiterado o de contumaz, y debe afectar a elementos trascendentes que dificulten, de modo igualmente grave, el normal desarrollo del concurso". No obstante, hay que distinguir entre una situación de voluntaria no facilitación de la documentación requerida, bien intencional bien por desidia, y el mero retraso en la puesta a disposición de la misma, entendiendo únicamente subsumible en la presunción del artículo 165.2 de la LC el primer caso.

Por otro lado, se debe recordar que dicha conducta, dolosa o gravemente culposa, del deudor o de sus representantes legales o, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, difícilmente podrá haber generado o agravado el estado de insolvencia de la entidad concursada, puesto que se trata de actuaciones posteriores a la declaración de concurso, por lo que será suficiente que el deudor o las personas afectadas por la calificación prueben que no medió dolo o culpa grave para desvirtuar tal presunción iuris tantum [SAP Barcelona (Sección 15), nº 358/2009, de 30 de octubre]. Sin embargo, cierta jurisprudencia considera que dichas actuaciones pueden contribuir a agravar el estado de insolvencia, puesto que un déficit de información sobre el patrimonio del concursado puede impedir la concertación de un convenio, o dificultar o falsear el proceso de liquidación ordenada de su activo para satisfacción de sus acreedores [SAP Córdoba (Sección 3), nº 57/2008, de 28 de marzo]. En este sentido, la Sentencia señalada anteriormente considera que la falta de depósito de las cuentas anuales puede agravar la situación de insolvencia, al dificultar la elaboración del informe de la administración concursal, así como hacer difícilmente comprensibles los datos a tener en cuenta por los acreedores a la hora de formular o votar una eventual propuesta de convenio o conocer qué va a acontecer con sus créditos en caso de liquidación.

En contraste con lo anterior, y puesto que se trata de una presunción subsumida en el artículo 165 de la LC, existe jurisprudencia que exige la obligación de probar el enlace causal entre el dolo o la culpa grave y la generación o agravación del estado de insolvencia [SAP Pontevedra (Sección 1), nº 149/2012, de 28 de marzo; SAP Madrid (Sección 28), nº 257/2011, de 16 de septiembre].

A modo de ejemplo, se ha calificado el concurso como culpable en los siguientes supuestos de hecho:
•    No facilitar información sobre los bienes embargados por la TGSS ni aportar extractos bancarios de las cuentas corrientes de la concursada a la administración concursal cuando ha sido expresamente requerido el administrador societario [SAP Barcelona (Sección 15), nº 358/2009, de 30 de octubre]

•    Entrega de los libros contables de los tres ejercicios anteriores a la declaración de concurso de forma posterior a la presentación del Informe provisional previsto en el artículo 75 de la LC, sin justificación alguna de la demora [SAP Barcelona (Sección 15), nº 153/2011, de 6 de abril]

•    No acudir a las reuniones convocadas por la administración concursal [SAP Barcelona (Sección 15), nº 484/2011, de 2 de diciembre]

•    No entrega de la documentación solicitada en base a la falta de personal para su preparación, así como por aplicación de la Ley de Protección de Datos [SAP La Rioja (Sección 1), nº 110/2012, de 28 de marzo]

•    No aportación de la documentación requerida alegando que la misma se encuentra en la nave que ha sido vendida a un tercero y, en consecuencia, resulta imposible su recuperación [SAP Valladolid (Sección 3), nº 361/2009, de 15 de diciembre]

•    Negación por parte del administrador de hecho de haber sido el verdadero administrador de la sociedad concursada una vez requerido por la administración concursal, disimulando esa situación de forma intencionada tanto por el administrador de hecho como por el de derecho [STS, nº56/2011, de 23 de febrero]

Asimismo, también han sido consideradas circunscritas en el referido precepto diferentes actuaciones realizadas al margen de la administración concursal, tales como la extracción de bienes de las instalaciones [SAP Alicante (Sección 8), nº 12/2009, de 13 de enero]; realización de operaciones y actuaciones sin la pertinente autorización de la administración concursal [SAP Lugo, n º 636/2009, de 17 de septiembre]; cierre de hecho del establecimiento sin informar al juzgado ni a la administración concursal [SAP Madrid (Sección 28), nº 257/2010, de 16 de septiembre].

En conclusión, es de vital importancia que el deudor o sus representantes legales o, en caso de persona jurídica, sus administradores o liquidadores, colaboren con la administración concursal y el juez del concurso, facilitando la información que les sea requerida para el interés del concurso, y todo ello de cara a evitar el despliegue de las consecuencias del concurso culpable previstas en la Ley Concursal.

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