Colaboración en Prensa | Aspectos legales que garantizan la continuidad de las empresas

08-04-2017 - IURE Abogados

A lo largo de su vida, toda empresa está expuesta a tener dificultades económicas debido a diferentes causas, tanto internas con reducción de rentabilidad de un determinado área de negocio o división, así como externas, con la saturación del sector donde opera o en un entorno en crisis financiera. Ante estas situaciones, la compañía dispone de un elenco de mecanismos legales que pueden prevenir un desenlace no deseado.

Ya en los primeros trámites legales, en la constitución de la empresa, hay que tener en cuenta, desde el principio, que la entidad se tendrá que dividir en sociedades distintas, existiendo una sociedad matriz que aglutinara el patrimonio. Desde el punto de vista tributario, estas sociedades tendrían que funcionar de forma independiente y la relación entre ellas (alquileres de espacios, servicios prestados) se tendría que facturar a precios de mercado, para evitar cualquier incumplimiento fiscal con la Administración Pública.

Las opciones que puede tomar una empresa en dificultades son principalmente: Negociación con los Acreedores, Mediación Concursal y Concurso de Acreedores. Ésta última podría calificarse como el quirófano al que acudimos con las medidas a tomar ya definidas, de cara a determinar si habrá convenio o liquidación de la compañía, dado que la decisión acerca de cómo afrontar la situación de crisis debe tomarse con anterioridad.
 
Por ello, previo a estas opciones, se debe realizar un profundo análisis de la situación económica de la empresa, pero no únicamente con los datos que refleja el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, sino con las rentabilidades que ofrecen las diferentes unidades de negocio; de tal forma, que aquellas actividades de las que se obtengan beneficios, mantenerlas e impulsarlas, mientras que las que sean un lastre es necesario eliminarlas, para el saneamiento integral de la compañía mediante un Plan de Viabilidad.

La práctica de la Ley de Segunda Oportunidad ofrece a las personas físicas que no pueden hacer frente a sus deudas, la posibilidad de someterse a un procedimiento para la condonación de las mismas, permitiéndoles cancelar su endeudamiento y disponer libremente de sus ingresos futuros. Esta Ley beneficia, entre otros, a aquellos particulares que avalaron deuda de su empresa y ésta ha quebrado o se encuentra en situación crítica, de tal forma que no pueden afrontar sus obligaciones de pago y se ven ahogados por las reclamaciones de sus acreedores.

La vía para conseguir la remisión o el perdón de dichas deudas es la mediación concursal. Esta figura se ha creado para que el mediador impulse un acuerdo entre el deudor y sus acreedores en condiciones realistas, conforme a la situación del deudor, conteniendo por tanto importantes quitas y esperas de la deuda. Si dichos acuerdos de quitas y esperas no se llegan a aprobar por los acreedores, se inicia el correspondiente proceso concursal que conllevará la remisión del endeudamiento ordinario, a través de la figura jurídica del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
 
Por último, por lo que respecta a las fuentes de financiación, España ha experimentado, en los últimos años, una restricción crediticia tan importante que ha provocado que muchas empresas viables se vieran abocadas a procesos de liquidación, ante la falta de financiación. Ante esta situación, se han incrementado el número de fondos de inversión, de distinta naturaleza, que abogan por financiar o, incluso, adquirir aquellas unidades productivas rentables atrapadas en empresas sobreendeudadas, que no logran alcanzar acuerdos para la refinanciación por las vías habituales.
 

Artículo escrito por Carlos Pavón, abogado de IURE Abogados

Publicado en Crónica Económica

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