Perspectiva laboral de la sucesión de empresas

30-04-2013 - Carlos Pavón Neira


Uno de los principios fundamentales de nuestro Derecho consiste en el principio de la seguridad jurídica, en virtud del cual las normas deben resultar suficientemente claras como para amparar la convicción de los operadores en el resultado de sus actos y su posterior revisión por los Juzgados y Tribunales.

Sin embargo, en el ámbito de la sucesión de empresas en materia de deudas contraídas con la Seguridad Social, venimos experimentando cierta inseguridad jurídica en cuanto a la dispar interpretación que para casos idénticos es aplicada judicialmente.

En este sentido, el punto de partida consiste en el artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), en virtud del cual se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria .

La principal dificultad de una previsión legal tan genérica es que permite acoger bajo sus amplias premisas interpretaciones diversas que conducen, innecesariamente, a generar un grado de incertidumbre en los operadores que se pone de relieve en las distintas interpretaciones judiciales dictadas al efecto.

La cuestión se suscita en relación a los negocios que pueden llegar a realizarse con empresas en crisis, salvaguardando la responsabilidad de la adquirente por las deudas contraídas por la cedente, especialmente en materia de Seguridad Social.

Así las cosas, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tiene sentado en su Sentencia de 30 de abril de 1999, entre otras, el criterio consistente en aplicar el régimen de sucesión de empresas a un caso particular que, por el contrario, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de julio de 2002, entre otras, no duda en eximir de aplicación.

El caso en cuestión supone, en esencia, el cierre de una empresa en crisis, a la cual sucede una sociedad laboral constituida por los propios trabajadores de la anterior.

La relevancia de anticiparse al criterio judicial de este tipo de operaciones estriba en la importancia que este tipo de soluciones puede tener en la actualidad como incentivo para evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleo de sus trabajadores .

Por ello, debemos detenernos a analizar, de forma somera, las argumentaciones de ambos órganos jurisdiccionales, a fin de identificar sus conclusiones.

En este sentido, la Audiencia Nacional pone el acento en identificar sucesión como consecuencia de que la sociedad laboral y la antigua sociedad compartan idéntico objeto social, mismo domicilio e idéntica maquinaria, añadiendo a lo anterior la inexistencia de una ruptura significativa del tracto entre el cese de la anterior empresa y el inicio de la nueva actividad.

Bien es cierto que la propia Sentencia reconoce la posibilidad de que tal criterio pueda ser calificado como antisocial, si bien justifica su interpretación sobre la base de reconocer la existencia de ayudas a favor de las sociedades laborales precisamente para atender las deudas generadas con la Seguridad Social por la empresa originaria en supuestos de sucesión de empresa.

Sin embargo, el Tribunal Supremo en la citada Sentencia, entre otras, sostiene que cuando se aprecia un conjunto coordinado de acciones de los trabajadores afectados por el cese de la empresa para lanzar un nuevo proyecto empresarial utilizando algunos elementos patrimoniales y relaciones comerciales del anterior empleador, pero también asumiendo un nuevo riesgo empresarial y aplicando a ese nuevo proyecto el importe capitalizado de las prestaciones por desempleo, esta actuación no sólo es en principio lícita, sino que merece la protección del ordenamiento jurídico laboral.

El fundamento que adopta el Alto Tribunal para sostener esta interpretación estriba en que el régimen de sucesión de empresas en el ámbito laboral supone una medida de defensa y garantía del empleo, por lo cual debe interpretarse de acuerdo con esa finalidad y no de una forma rígida que impida la búsqueda de soluciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Con ello se pone de relieve la ausencia de seguridad jurídica en el citado artículo 44.2 ET, el cual debería ser, en su caso, corregido, a fin de integrar en el mismo el régimen específico a aplicar en caso de sucesión a favor de sociedad laboral, de suerte que la propia normativa incentive un mecanismo sanador de empresas en crisis que garantice con seguridad el mantenimiento del empleo.

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