El procedimiento de arbitraje de participaciones preferentes y deuda subordinada

14-05-2013 - IURE Abogados


Actualmente, los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, ambos instrumentos híbridos de capital, van a poder acogerse al proceso de arbitraje, y todo ello con el principal objetivo de ver recuperada parte de la inversión en dichos productos financieros de riesgo elevado y carácter complejo. De este modo, se abre una nueva alternativa de actuación para los clientes de Bankia, Novagalicia y Catalunya Bank, y todo ello sin perjuicio de poder reclamar por la vía judicial.

Así, el arbitraje de consumo es un proceso que pretende resolver las reclamaciones que interpongan los clientes por una defectuosa comercialización por parte de las entidades financieras de los productos financieros contratados.

No obstante, a continuación exponemos las ventajas y desventajas del procedimiento de arbitraje, y todo ello en comparación con el procedimiento judicial.

Ventajas
Procedimiento voluntario: El cliente minorista decide en todo momento si quiere acogerse al procedimiento arbitral, sin que quepa la imposición de este procedimiento por parte de la entidad financiera.
Procedimiento gratuito: El cliente minorista no ha de incurrir en gastos de abogado, procurador y tasas judiciales.
Procedimiento vinculante: El laudo arbitral tiene el mismo efecto que una Sentencia dictada por un juez, es decir, tiene eficacia de cosa juzgada.
Procedimiento más rápido que la vía judicial: El laudo arbitral debe dictarse en el plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento arbitral.

Desventajas
Prioridad de resolución del procedimiento arbitral en aquellos clientes cuya inversión en participaciones preferentes o deuda subordinada sea inferior a los 10.000 euros.
Procedimiento por escrito: No posibilidad de valorar correctamente las circunstancias personales de cada cliente en el momento de la contratación de los productos financieros. A modo de ejemplo, si una persona analfabeta adquirió participaciones preferentes de una entidad financiera, siempre será más fácil demostrar que no sabe leer y escribir en una audiencia previa que en la documentación aportada por escrito.
El laudo arbitral no es recurrible, debiendo el cliente acatar la decisión arbitral en caso de obtener un laudo desfavorable a sus pretensiones. Por el contario, en caso de obtener una Sentencia desestimatoria por parte del Juzgado de Primera Instancia, el cliente puede recurrir dicha Sentencia en instancias superiores de cara a obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.
La solicitud de arbitraje debe ser valorada por un experto independiente (ej. en el caso de Bankia, S.A. será valorada por la entidad KPMG) siguiendo los criterios de la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, creada por el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. De este modo, el acceso al arbitraje se encuentra limitado al cumplimiento de los referidos criterios, tales como minoría de edad del suscriptor sin intervención de tutor o representante legal, inexistencia de contrato, falta de información sobre las características y riesgos del producto, etc.
La imparcialidad e independencia de los jueces a la hora de dictar Sentencia puede resultar mayor en el procedimiento judicial.

En cuanto al desarrollo del procedimiento arbitral, señalar que el cliente minorista debe presentar una solicitud de arbitraje en la oficina de la entidad financiera con la que contrató el producto financiero, incluyendo todos los documentos que considere relevantes para la resolución del arbitraje (ej. propuesta de inversión, test de conveniencia e idoneidad, contrato de adquisición de participaciones preferentes o deuda subordinada, declaración de la renta, informes médicos, notas manuscritas, etc.). De este modo, se remitirá la solicitud de arbitraje a un experto independiente, el cual decidirá si el cliente cumple las condiciones fijadas por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada para acudir al arbitraje. En caso afirmativo, el experto independiente emitirá un informe, fijando el importe máximo que va a recibir el cliente el cliente. No obstante, en caso de no cumplir dichas condiciones el cliente no podrá continuar con el procedimiento arbitral, pudiendo dirigirse a la vía judicial.

Por ello, en caso de que el cliente desee continuar por la vía del arbitraje, deberá firmar un convenio arbitral , el cual contendrá la cantidad máxima a devolver, y será trasladado a la Junta Arbitral Nacional para la emisión de un laudo. A tal efecto, si el laudo es favorable el cliente percibirá la cantidad prevista en el convenio arbitral, pero si es desfavorable, el cliente ya no podrá reclamar por otras vías, debiendo acatar en todo momento la resolución dictada.

Al margen de lo anterior, señalar que los clientes minoristas tienen la posibilidad de acudir a la vía judicial, solicitando la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento, siempre que consideren que las entidades financieras incumplieron sus obligaciones de diligencia, transparencia e información previstas en la normativa legal. En este sentido, y teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha considerado dichos productos de riesgo elevado y carácter complejo, los clientes minoristas verán incrementadas sus posibilidades de obtener una Sentencia estimatoria a sus pretensiones si las entidades financieras no informaron correctamente de las características y riesgos del producto contratado.

En conclusión, cada cliente debe valorar detenidamente las vías de actuación de cara a ver recuperada la inversión realizada en participaciones y/o deuda subordinada. No obstante, en caso solicitar el procedimiento de arbitraje siempre será recomendable estar asesorado por un Despacho experto en la materia, puesto que la documentación a aportar en la solicitud de arbitraje, así como la redacción de los hechos y alegaciones serán fundamentales a la hora de dictar resolución.

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