Bankia y la desprotección de los derechos de los inversores

31-05-2012 - Carlos Pavón Neira

Recientemente, EE.UU. sorprendía al mundo con el enorme fracaso bursátil de Facebook, al producirse tras su salida a Bolsa su inmediato hundimiento en la cotización. Ello supuso que las autoridades locales iniciaran una investigación para determinar si había existido ocultación de la información económica real de la empresa en perjuicio de los inversores que han visto como sus títulos se desplomaban en valor de cotización en poco tiempo.

Es obvio que quien decide invertir sus ahorros en valores cotizados asume que la cotización puede variar al alza o a la baja por el libre discurrir del mercado. Ahora bien, la información a disposición del inversor debe reunir todos los datos esenciales para valorar de un modo óptimo el valor real de los títulos, de forma que los inversores puedan conocer a priori su valor estimado de cotización.

En este sentido, resulta llamativo el caso de Bankia, en el cual los inversores que suscribieron títulos cuando ésta comenzó a cotizar han visto como la propia entidad, a través de su actual equipo gestor, ha anunciado la ocultación al mercado de un importante desequilibrio patrimonial que arroja unas pérdidas millonarias donde antes se indicaban beneficios, según lo expuesto en los últimos días por numerosos medios de comunicación.

Al igual que en el caso Facebook, el supuesto de Bankia plantea una drástica caída en los valores de cotización de sus títulos; sin embargo, a diferencia de aquél, la entidad bancaria ha reconocido públicamente la ocultación de información esencial en sus propias cuentas, de extrema gravedad, por presunto quebrantamiento de las normas esenciales del funcionamiento del mercado de valores.

Los afectados de esta situación son los propios inversores que suscribieron títulos con una información a priori sesgada, pues las cuentas que ahora reformula la entidad reconocen una situación de quiebra técnica que hubieran alejado cualquier espíritu inversor de los ahorradores.

La pregunta ahora es sencilla, ¿deben los inversores asumir la caída del valor de cotización de sus títulos o, por el contrario, deben exigir de los responsables el perjuicio que han sufrido en su patrimonio por el diferencial de cotización entre el momento de la suscripción y el reconocimiento por la empresa de su valor actual?

La respuesta a esta pregunta traspasa las fronteras del ámbito mercantil y entra de lleno en el terreno penal, “ presuntamente ”, de la mano del delito tipificado en el Art. 282.bis del Código Penal: fraude a inversores.

Artículo 282 bis. Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.

En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses”.


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